Una empresa se rige por el convenio colectivo del comercio pero tras un proceso de conflicto colectivo pasa a estarlo por el de siderometalúrgia, lo que conlleva, además, cambios en la jornada anual y las retribuciones, pues son diferentes de un convenio a otro, y al tener este cambios efectos retroactivos, se deben ajustar los salarios que han venido percibiendo los trabajadores.

Para realizar este ajuste salarial la empresa quiere que opere la absorción y compensación, teniendo en cuenta el total de las retribuciones percibidas por los trabajadores y las que deberían haber percibido con la aplicación del nuevo convenio, indiferentemente de bajo que conceptos aparezcan las distintas percepciones.

Los trabajadores no están conformes con ello, ya que consideran que hay conceptos en el nuevo convenio que no son salariales y en consecuencia no se deben incluir en el cómputo anual para aplicar la absorción y compensación, frente a la postura de la empresa, que considera que al tener pago mensual todos son salario.

Un ayuntamiento adjudica a una empresa privada, por concesión administrativa, un servicio de atención a personas mayores en la localidad en un centro de día. Pasado un tiempo los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio reclaman que se les haga efectivo el pago de unos atrasos salariales aprobados en el nuevo convenio colectivo.

Esta solicitud se realiza tanto a la empresa como al ayuntamiento, por considerar los trabajadores que existe una responsabilidad solidaria de ambos, al tratarse de un supuesto de contratas y subcontratas. Pero el ayuntamiento se opone a realizar este pago, pues considera que no se trata de una contrata, sino de una concesión administrativa de una actividad no le es propia, sino que en realidad corresponde a la comunidad autónoma.

Se constituye una sociedad en la que parte de los socios se integran el RETA y parte se excluyen de este régimen, entre ellos la esposa del administrador delegado por tener tan solo el 0,04% del capital de la sociedad. Pero la TGSS considera que deber está incluida en el Régimen Especial, pues posee el control efectivo, y procede a ello de oficio, reclamándole las cotizaciones desde el momento de la sociedad comenzó su actividad.

Un socio minoritario de una sociedad mercantil, solo posee el 3% del capital social, cesa en la empresa, en la que ha venido desarrollando varias funciones a lo largo de su estancia ella, como directos financiero o administrador, solicita la prestación por desempleo al haber estado cotizando por ella. A lo que la entidad gestora responde que al ser socio de la mercantil no le corresponde prestación, oponiendo el solicitante al considera que un participación en el capital era residual.

Procedimiento laboral

Un trabajador reclama contra la empresa de la que ha sido despedido por considerar que ésta no ha realizado su despido objetivo de forma válida, pues ha incumplido la obligación de entrega de simultánea de la indemnización y la carta de despido, ya que la empresa la hizo efectiva la cantidad indemnizatoria mediante una transferencia a la cuenta en la que cobraba su nómina.

Una empresa reclama a uno de sus trabajadores, transportista, el pago de las multas de tráfico que la guardia civil le puesto mientras conducía uno de los camiones de la empresa, y que ésta hizo efectivos al ser la titular del vehículo con el que circulaba el trabajador. Aunque éste se opone al reembolsar estas cantidades a la empresa, pues considera que no le corresponde a él el pago de las mismas.

Una empresa que tiene una contrata de limpiezas en una tercera empresa cesa en la misma, pasando una nueva empresa de hacerse cargo de este servicio, pero en lugar de continuar la prestación del mismo con los trabajadores que ya lo realizaban de en la empresa saliente, opta por ocupar en ello a sus propios empleados, al considerar que al estar reconocida como Centro especial de empleo no le es de aplicación el convenio de empresas de limpieza.

En consecuencia los trabajadores que realizaban las labores de limpieza con la empresa saliente, proceden a demandar por despido improcedente, al considera que se ha incumplido la obligación de permanencia de los trabajadores en caso de nueva contrata de limpieza.

Un trabajador, con poderes para actuar en nombre de la mercantil, demanda a su empresa por despido, y para el cálculo de la indemnización correspondiente se tienen en cuenta las retribuciones en metálico que mensualmente percibía el trabajador, así como la cuota mensual correspondiente al “renting” de un vehículo de empresa del que venía disfrutando el trabajador, en concepto de retribución en especie.

La empresa se opone a esta forma de calcular el importe de la indemnización, pues considera que no debe tenerse en cuenta para ello la parte correspondiente al vehículo, aunque pueda considerarse que se trata de una retribución en especie, como lo que el total a pagar al trabajador es considerablemente inferior.

Procedimiento Laboral

Se estudia el supuesto de un trabajador que al ser despedido por su empresa presenta una demanda contra ésta por despido, en la que, además, se discute sobre la categoría que debería tener reconocida el trabajador en el momento del despido y el salario que le debería corresponder por ésta.

Una vez que al trabajador se le reconoce la nueva categoría y el salario de la misma, procede a demandar en reclamación de cantidad, con el nuevo salario reconocido en sentencia, por los salarios que la empresa le tenía pendientes de pago en el momento del despido.

La empresa considera que no procede esta reclamación, al entender que aquellos salarios ya han prescrito durante la tramitación del proceso por despido, mientras que el trabajador considera que la prescripción no ha tenido lugar, al haberse debatido sobre el importe de los salarios que reclama, en el proceso por el despido.