| El nuevo IRPF bajará el tipo
máximo al 42 o 43% y mejorará el trato fiscal de los salarios
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La reforma fiscal, que el Gobierno
remitirá al Parlamento antes de fin de año, podría incluir
una subida del 15% al 18% en la tributación de las plusvalías
El comienzo del nuevo curso político está siendo muy intenso para
la vicepresidencia económica del Gobierno. Si en estos primeros
días de septiembre el equipo de Pedro Solbes se ha centrado en el
diseño de una propuesta para ayudar a paliar el déficit sanitario
de las comunidades autónomas, los Presupuestos del Estado para 2006 y la
reforma del Impuesto sobre la Renta absorberán los trabajos del
Departamento en las próximas semanas.
Rodríguez Zapatero se ha comprometido a llevar el nuevo IRPF al
Parlamento antes de que concluya el ejercicio, aunque no entrará en
vigor hasta el 1 de enero de 2007, por lo que afectará a las
declaraciones que se presenten en 2008. Los efectos en el bolsillo de los
contribuyentes se quedarán, por tanto, para el final de la
legislatura.
Descartado ya el tipo único, que el PSOE defendió durante la
campaña electoral, la nueva ley del IRPF avanzará en la
línea de reducción de tipos y de simplificación del
tributo que caracterizó las dos reformas llevadas a cabo en sendas
legislaturas del PP.
Así, el proyecto que baraja el equipo de Pedro Solbes pasa por reducir
el tipo máximo del impuesto desde el 45% actual hasta el 42% o 43%. La
tarifa, que ahora tiene cinco tramos, pasará a tener tres o cuatro. Sin
embargo, a diferencia de las dos reformas populares, no se bajará el
tipo mínimo del impuesto, que permanecerá en el 15%. Bajar el
tipo mínimo es, precisamente, lo que más cuesta, ya que beneficia
a todos los contribuyentes, tanto a los de rentas altas como a los de bajas. La
reducción del tipo máximo, sin embargo, sólo afecta a los
ciudadanos con rentas más elevadas, por lo que la merma para las arcas
públicas es muy pequeña.
Para compensar a los contribuyentes con menos ingresos, a los que no se les
baja el tipo, el Gobierno prevé cambiar las actuales deducciones
familiares. El tributo actual establece lo que se conoce como mínimos
vitales, que son unas cantidades que se consideran necesarias para vivir y que
varían en función del número de hijos o de ascendientes
que conviven en el hogar familiar. Estas cantidades se restan de las rentas
obtenidas en el ejercicio y el contribuyente paga por la diferencia. En un
impuesto progresivo, como el actual, este modelo se traduce en que los
contribuyentes con rentas más altas se ahorran más en sus pagos a
Hacienda por cada uno de sus hijos, que los que tienen rentas inferiores. Desde
la oposición, el PSOE siempre criticó este modelo y ahora se
dispone a cambiarlo. La intención del Ejecutivo es establecer una
cantidad fija por hijo.
Otro de los objetivos de la reforma fiscal es mejorar el tratamiento de las
rentas del trabajo. El Departamento que dirige Pedro Solbes es consciente de
que son los trabajadores con nómina los que soportan la mayor carga del
IRPF. Hay otros colectivos, como aquellos que reciben rentas de actividades
económicas, profesionales o autónomas, cuyos ingresos son
más difíciles de controlar por el Fisco y que, en general,
declaran menos rentas que los asalariados. Por ello, Economía estudia
fórmulas para reducir la carga fiscal de los trabajadores, que
podrían pasar por aumentar la actual reducción por rentas del
trabajo.
Los cambios en el IRPF afectarán también a las deducciones por
vivienda y planes de pensiones, que se recortarán, aunque no de manera
tan brusca como la que se llegó a plantear en un primer momento. El
diseño de un IRPF con tipo único incluía la
supresión de todas las deducciones. Sin embargo, y tras la fuerte
polémica desatada por la posibilidad de acabar con las ayudas fiscales a
la compra de vivienda y a las aportaciones por planes de pensiones, el
Ejecutivo ha optado por una opción moderada, la defendida por el
vicepresidente económico, que consistirá en recortar las
deducciones, pero moderados.
En este sentido, la intención de Economía es mantener la
deducción general por vivienda en el 15% de las cantidades invertidas en
el año, con un máximo de 9.000 euros por declaración. Se
plantea, sin embargo, eliminar los porcentajes incrementados de
deducción del 20% y el 25% que ahora pueden aplicar sobre los primeros
4.500 euros invertidos aquellos propietarios que están pagando una
hipoteca.
Esto significa que alguien que comprara su vivienda en 2004 y que en la pasada
declaración de la renta se dedujo 1.800 euros (4.500x25% más
4.500x15%), con la nueva legislación sólo podría deducir
1.350 euros (9.000x15%), es decir 450 euros menos. A partir del tercer
año de la compra, con la norma actual se puede deducir hasta 1.575 euros
por declaración (4.500x20% más 4.500x15%) y si se suprimen los
porcentajes incrementados la deducción máxima será de
1.350 euros. La pérdida, por tanto, en estos casos, ascendería a
275 euros.
El proyecto para las deducciones por planes de pensiones es suprimir los
límites de aportación incrementados que existen para edades
próximas a la jubilación que, según el Ejecutivo,
sólo utilizan los contribuyentes con rentas muy elevadas y que puede
llegar hasta 24.000 euros. La intención es mantener el límite
general de aportación en 8.000 euros e introducir medidas para fomentar
el rescate en forma de renta. Para las plusvalías también se ha
optado por la opción moderada que defendía el equipo de Solbes,
frente a la idea defendida en la campaña electoral, de que estas rentas
se sumaran a los salarios y llegarán a tributar hasta el tipo
máximo, el 42% o 43% tras la reforma.
Los Presupuestos, la reforma fiscal y la ley de lucha contra el fraude centran
el inicio del curso económico
Para compensar a los contribuyentes con menos ingresos, se prevé cambiar
las deducciones familiares
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Publicado por ABC, el 12 de septiembre de 2005
Autor: Yolanda Gómez |
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