| Una cuestión crucial: El Derecho a la
Seguridad Social |
En homenaje a una de las personas que más
han trabajado en relación con la Seguridad Social, Jef Van Langendonck,
con ocasión de que llega a los 65 años, se va a celebrar el 17-18
de febrero de 2006 un Coloquio Internacional titulado «El derecho a la
Seguridad Social» en la Universidad Católica de Lovaina. Con ese
motivo, Paula Maky, del Instituto de Derecho Social de esa Universidad, se ha
dirigido a un considerable número de investigadores con lo que
podríamos llamar el amplio conjunto de preguntas que, todavía hoy
hay que hacer, cuando se contempla el actual sistema de Seguridad Social que,
como tal, fue diseñado, por primera vez, en los dos Libros Blancos de
Beveridge que comenzaron a ser conocidos a partir del 20 de noviembre de 1942.
Además, hay que tener en cuenta sus precedentes, con un fuerte
componente derivado ya de la «Verein für Sozialpolitik», ya de
la Fabian Society. La primera de estas orientaciones dio sus primeros pasos en
1883 tras una famosa comunicación leída en nombre del Kaiser, por
Bismarck en el Reichstag, que abrió el periodo de los seguros sociales
obligatorios.
Pero todo el despliegue efectuado a partir de Beveridge se basaba en
derivaciones de la «Teoría General de la ocupación, el
interés y el dinero», de Keynes, mucho antes de sufrir, en sus
planteamientos ante el futuro, tras la crisis de los setenta, no sólo
los embates de Buchanan y toda la Escuela de Virginia, con ese explosivo
«Democracy in deficit: The political legacy of Lord Keynes» (Adademic
Press, 1977) de James T. Buchanan y Richard Wagner, sino los que procedieron de
Milton Friedman a partir del ensayo publicado en marzo de 1968 en «The
American Economic Review», «El papel de la política
monetaria». La «Verein für Sozialpolitik», tras la
«polémica del método», al estar ligada al
neohistoricismo, no pudo levantar cabeza tras el vitriólico ensayo
«La pobreza del historicismo» debido a Karl Popper, aparecido por
primera vez en «Economica» mayo y agosto de 1944 y mayo de 1945.
Los trabajos de los fabianos, tras perder a sus sucesivos padres intelectuales,
a pesar de los intentos, pobres intentos, de los Gidden y demás, hay que
decir que gozan de escaso poder de convicción. Como le sucedió a
Humpty Dumpty, la Fabian Society «cayó del caballo, y todos los
caballeros del rey no la pudieron subir al caballo otra vez».
Por tanto, la Seguridad Social ha quedado desprovista de los padrinos que
garantizaban el actual mecanismo de financiación. Desde el punto de
vista de la dignidad de la persona humana tiene toda la razón del mundo
para existir, pero ha de encajarse urgentemente en otro modelo de
financiación si no quiere provocar más males que bienes para el
conjunto de la Comunidad.
Hay que partir de una cifra básica: el envejecimiento creciente de
nuestra población. En el siglo XX se experimentó en España
un fenómeno impresionante. Entendiendo por ancianos a las personas con
65 años o más de una comunidad, en el inicio de ese siglo, su
número suponía el 5,2% del total de la población
española. En 2003, ya significaban el 17,0%. Como se dice en el
excelente artículo de Antonio Abellán García y Mª
Dolores Puga González, «Una España que envejece»
publicado en «Papeles de Economía Española», 2005,
nº 104, monográfico «Transformación demográfica.
Raíces y consecuencias», el envejecimiento demográfico en
España «ha sido un proceso rápido y profundo y probablemente
será duradero».
El Instituto Nacional de Estadística, en la publicación
«Proyección de la población calculada a partir del Censo de
Población de 2001», calcula que el porcentaje de ancianos en el
año 2050 será del 30,8%, para una población
española total ligeramente por encima de los 53 millones de habitantes.
Lo que eso supone son colosales aumentos de la carga de las pensiones y una
asistencia social creciente a las personas de mucha edad, por un lado,
así como en los gastos sanitarios, porque su incremento con la edad es
fabuloso. Son vanos todos los esfuerzos de Julio Pérez Díez, en
su artículo «Consecuencias sociales del envejecimiento
demográfico», en el citado número de «Papeles de
Economía Española» para soslayar este problema.
Por lo tanto, es preciso comenzar a pensar que los viejos planteamientos de los
planes de Seguridad Social han de ser modificados muy a fondo. Por supuesto
existen puntos de vista simplistas. Según «El Comercio» de
Gijón de 15 de agosto de 2005, el Gerente de Establecimientos
Residenciales para ancianos (ERA), Faustino Álvarez, declaraba: «el
Estado del bienestar cuesta; si hay que subir los impuestos, que se
suban», sin percibir algo que es bien conocido por cualquier economista
que no beba en fuentes trasnochadas: que si esta subida de los impuestos
produce, por ejemplo, paro o depresión, como tendrá, por el
desempleo y por las jubilaciones anticipadas, que atender a muchas más
personas, el Estado del bienestar costará automáticamente
bastante más, metiéndonos en un círculo vicioso
intolerable.
Otra simpleza es la que se deriva del interesante trabajo de Yolanda
Gómez, en «ABC» de 16 de agosto de 2005, titulado
«Gobierno y sindicatos abren en septiembre un diálogo para
prejubilar unos 25.000 funcionarios», disparatada medida a no ser que
encubra una reducción automática de empleos en la
Administración pública, que en los últimos treinta
años ha más que duplicado la cifra de empleados y funcionarios
públicos, una medida que el Fondo Monetario Internacional ya hace
años calificó de simple mecanismo para reducir el desempleo.
Lo que sí es importante es la información aparecida en
«Cinco Días» del 21 de julio de 2005 sobre el trabajo que
maneja el ministro Caldera, en el que se «alerta de la necesidad de
cambiar el sistema de pensiones porque de lo contrario la Seguridad Social
entrará en déficit en 2015, terminando ese ejercicio con un
déficit de 625 millones de pesetas... Teniendo en cuenta que los
superávit de la Seguridad Social de los próximos años
seguirán engrosando el fondo de reserva de las pensiones, a partir de
2015, cuando el sistema entre en déficit, éste podrá
paliarse con dicho fondo. Si bien, siete años después de alcanzar
los números rojos, en 2022, el fondo de reserva también se
agotará».
José Antonio Herce, con claridad, señala en «Capital»
de septiembre de 2005, que «en un contexto donde la duración de la
vida, sobre todo después de la jubilación, es cada vez mayor,
sólo caben dos soluciones: ahorrar más o trabajar
más», retrasando la retirada a una cifra «próxima a los
70 años». De ahí que la contestación positiva a la
pregunta del profesor Cabrillo que se presenta en el título de su
artículo en «Expansión» el 13 de agosto de 2005,
«¿Reformar la Seguridad Social?», sea de rabiosa urgencia.
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Publicado por ABC, el 12 de septiembre de 2005
Autor: Juan Velarde Fuente |
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