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Denuncian la muerte de un hombre tras negarle la incapacidad por tres veces
Al enfermo, con un linfoma, le obligaron a incorporarse al trabajo cuatro meses antes de fallecer tras agotar los periodos de baja La viuda reclamará «daños y perjuicios» al INSS por el sufrimiento de su marido

«Voy a reclamar daños y perjuicios a la Seguridad Social por todo lo que han hecho pasar a mi marido antes de morir». María Díaz, viuda de un vendedor de cupones de la ONCE, Manuel Suárez, se siente destrozada por los años de calvario por los que pasó su esposo antes de fallecer el pasado 28 de diciembre por un linfoma de Hodgkin. Junto a los avatares de la enfermedad, el paciente libró, sin éxito, una auténtica lucha burocrática con la Seguridad Social para que le reconocieran que estaba imposibilitado para cualquier tipo de empleo y que requería una ayuda por gran invalidez. Tras agotar todos los periodos de baja, en septiembre del 2005 le obligaban a incorporarse a su puesto de trabajo después de serle denegada por tercera vez la incapacidad. Tuvo que ser hospitalizado a los pocos días y expiraba en su casa apenas tres meses después.

Vendedor de cupones de la ONCE al sufrir una ceguera parcial, Manuel Suárez empezó su calvario en 1997, cuando los médicos le detectaron un linfoma de Hodgkin que precisó de la extirpación del bazo. Desde entonces su vida se vio marcada por «las altas y las bajas médicas», señala José Antonio Abellán, secretario general del sindicato de la Unión de Trabajadores de la ONCE UTO-UGT. El pasado 28 de diciembre moría a los 55 años de edad. Había perdido la poca visión que le quedaba, no tenía fuerzas y sólo podía permanecer en la cama. Su mujer había tenido que contratar a un matrimonio para que la ayudaran a moverlo, darle de comer y limpiarlo, ya que ella y su hija no podían hacerlo solas.

Su caso iba a verse en un Juzgado de lo Social de Alicante el próximo mes de mayo tras haberse recurrido la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según José Antonio Abellán, se pretendía «conseguir la gran invalidez», la cual se otorga cuando el paciente tiene necesidad de terceras personas para hacer la vida cotidiana. Anteriormente el asunto ya había llegado a los tribunales, aunque la sentencia fue favorable a la Seguridad Social, «en contra de los informes médicos».

Tras la muerte de su marido, María Díaz está dispuesta a pedir responsabilidades con el apoyo de UTO-UGT. «Vamos a presentar una denuncia como sindicato contra el equipo de valoración de la Seguridad Social», explica José Antonio Abellán. Aunque el gabinete jurídico todavía está estudiando las acciones legales a seguir, «se van a pedir daños y perjuicios por obligar a un empleado a ir a trabajar sin que estuviera en condiciones para ello».

La primera vez que le denegaron la incapacidad fue en abril del 2003 y la última el 31 de agosto del 2005. Cada petición se realizaba después de haber agotado los 18 meses de baja permitidos por la ley en cada periodo, por lo que al serle denegada la solicitud la Seguridad Social le obligaba a retomar su empleo. «El quería trabajar, pero no podía. Se incorporaba a su puesto a base de calmantes y yo tenía que vender los cupones por él, porque tenía diarreas e iba continuamente al baño», explica María Díaz.

El 31 de agosto del año pasado, Manuel Suárez recibía la notificación de que se le denegaba por tercera vez la incapacidad permanente. Según el informe remitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el paciente sufría un «trastorno depresivo mayor y un trastorno ansioso de la personalidad, una hernia discal con fibrosis postquirúrgica, crisis convulsivas, una atrofia córtico subcortical cerebral», un linfoma de Hodgkin y neumonía. Tras analizar las secuelas y las patologías, el equipo de valoración médica proponía «la no calificación del trabajador como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral». En base a este dictamen, se extinguía la prórroga de la baja laboral.

Tras esta resolución, el afectado solicitó su reingreso en la ONCE. Ante la gravedad de su estado, sin embargo, la empresa optó por darle «24 días de vacaciones para ver si mejoraba», explica su viuda. A los siete días «lo ingresaron en el hospital de urgencias», de donde sólo saldría desahuciado y con una metástasis que «le afectó el cerebro».

Informes médicos

Un informe de la Clínica Vistahermosa de Alicante del 1 de noviembre señalaba que el paciente sufría un «linfoma de Hodgkin en remisión, epilepsia, neumonía comunitaria y colecistectomia, además de fuerte dolor abdominal». 18 días después, en un nuevo examen se le diagnosticaba una polineuritis aguda por síndrome de Guillain Barré, «presentando una situación de incapacidad absoluta» y precisando de ayuda de terceras personas. Según el certificado médico de defunción, el fallecimiento se produjo por una insuficiencia respiratoria, el linfoma y el síndrome de Guillain Barré.

Publicado por La Verdad de Alicante, el 26 de febrero de 2006

Autor: Irene Genovés
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