| La FAMP critica el "elevado coste
laboral" de las diputaciones |
La Federación de Municipios dice que las
instituciones provinciales deben centrarse en la prestación de servicios
a los pueblos
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), Francisco Toscano, está convencido de que la nueva Ley
Básica del Gobierno y la Administración Local y los nuevos
estatutos de autonomía supondrán el inicio de un proceso que
transformará profundamente el papel y el peso político que tienen
las diputaciones, unas instituciones decimonónicas cuyo modelo se
cuestiona de forma latente desde que las comunidades autónomas tienen
una estructura provincial y surgen mancomunidades y consorcios para cubrir
determinados servicios municipales.
Pese a que el anteproyecto de ley es bastante genérico y que desde el
PSOE se ha eludido hacer una interpretación de los objetivos, la
dirección de la FAMP (que agrupa a todos los ayuntamientos y
diputaciones andaluzas) está convencida de que su espíritu es que
las diputaciones no desaparezcan –están recogidas en la
Constitución–, pero se conviertan en "empresas de servicios,
más que en instituciones de poder". Es decir ganen en funcionalidad
(como una especie de consorcio de municipios) pero pierdan protagonismo
competencial y político frente a los ayuntamientos. El alcalde de Dos
Hermanas, uno de los primeros responsables que se moja con el asunto,
recuerda que tanto el borrador de la ley como en el del Estatuto se apunta que
su papel será la "asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios", sobre todo a los
más pequeños, y la "coordinación de servicios
municipales", junto a otras competencias que les ceda el Estado y la
comunidad. La FAMP quiere que a éstas se añadan las que les
deleguen los ayuntamientos. "El Estatuto vigente recogía que la
diputación podía ser un órgano periférico de la
Junta, aparecen como un poder fuerte en sí mismo. Eso debe cambiar y que
en el nuevo sigan como prestadoras de servicios, pero no como órganos de
poder", reitera.
Toscano admite que en parte las diputaciones ya desempeñan esa labor con
los planes provinciales de obras y equipamientos o de servicios sociales
–fondos estatales, autonómicos y propios, que se coordinan a favor
de los pueblos más pequeños–, pero por el peso de la
"historia" no tienen el grueso del presupuesto. El edil
atribuyó en parte este "problema" al elevado "coste
laboral" que tienen las diputaciones en proporción a los servicios
que dan, "el mayor de todas las administraciones" debido a que su
fuente de su financiación han sido otras administraciones. "No han
tenido corresponsabilidad fiscal y han tendido a ser más generosas con
su personal, como si éste fuera su cliente" sin que haya
repercutido en el coste político que supondría en otro
ámbito subir tasas a los ciudadanos para pagarlo.
Al peso histórico atribuye Toscano también la excesiva
politización. "Se pretende que tengan menos parecido a
pequeños parlamentos y más a unas gestoras de servicios", lo
que conllevaría un proceso de acercamiento físico y
administrativo a los pueblos. En este mismo sentido, el edil, que fue durante
años representante socialista en la Diputación de Sevilla,
considera que de forma acorde a ese proceso "el perfil de los
políticos de la institución tendrá que ir cambiando y que
sean más gestores. La diputación debe tener menos eco
mediático y más ciudadano".
El presidente asegura que en el seno de la FAMP hay bastante consenso sobre
esta idea y, aunque políticamente las posturas son distintas (el PP
defiende las diputaciones, el PA aboga porque desaparezcan e IU por un sistema
mixto) considera que se debe llegar a un acuerdo. El proceso implicará
un cambio de mentalidad, acorde con "una realidad muy distinta a la de
1978". "Comienza a cambiarse el chip de que la organización
del país ya no se basa en el Estado, los municipios y provincias, sino
en el Estado, comunidades autónomas y municipios". La
diputación debe apoyar esa estructura.
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Publicado por Diario de Cádiz, el 23 de
marzo de 2006
Autor: Trinidad Perdiguero |
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