| El TSJ reconoce el derecho al paro a cinco
inmigrantes irregulares |
El máximo órgano judicial de la
comunidad dictó una sentencia similar a principios de este año
El Tribunal Superior de Justicia es el primero de España que se
pronuncia en esta materia
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de reconocer
el derecho de cinco trabajadores irregulares a percibir la prestación
por desempleo tras ser despedidos por un grupo de empresas abulenses de la
construcción, según informó ayer el secretario de UGT en
Ávila, Luis Sánchez.
Las cinco sentencias, dictadas por la Sala de lo Social del TSJCyL y hechas
públicas el pasado mes de marzo de este año, son, junto a otra de
primeros de año del mismo tribunal, las primeras en España que
sirven para reconocer el derecho a paro a un inmigrante sin permiso de trabajo
y sin el de residencia, explicó el responsable sindical.
La interpretación jurídica de los magistrados se basa en la Ley
de Extranjería del 2000, en otras sentencias españolas y en
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concluye que
«el contrato de trabajo del extranjero no autorizado no es, en la actual
legislación, un contrato nulo. Y siendo ello así, no puede verse
privado el trabajador de una protección que, en nuestro sistema de
relaciones laborales es inherente al contrato de trabajo».
La representación de los inmigrantes reclamaba «el derecho del
trabajador sin permiso de trabajo y residencia que ha prestado servicios
laborales para una determinada empresa a obtener el reconocimiento de su
derecho a la inscripción como demandante de empleo y a que se le
reconozca igualmente su derecho a percibir la correspondiente prestación
por desempleo».
Sin cotización
Por su parte, los demandados, es decir, el Instituto Nacional de Empleo y las
empresas contratantes, entendían que «los trabajadores ilegales no
cotizaron a la Seguridad Social, organismo en el que no estaban dados de alta
y, por tanto, el derecho, en este caso, no llevaba aparejada la
obligación».
El Juzgado de lo Social de Avila, mediante sentencia del 10 de octubre del
2005, resolvió desestimar las demandas, pero los inmigrantes recurrieron
el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que
ha estimado la reclamación, contra la cual cabe interponer recurso de
casación ante el Tribunal Supremo.
Los hechos denunciados se produjeron en La Cañada (Avila) el verano del
2004, cuando tras descubrirse la contratación ilegal por parte de las
empresas Constructora y urbanizadora El Puntal, Hispanafrican Way, S.L. y
Reformas y Obras El Jaranzal, cinco trabajadores irregulares, cuatro rumanos y
un marroquí, demandaron a las empresas por despido improcedente.
|
|
Publicado por Diaro de León, el 26 de
abril de 2006
Autor: Redacción |
|
|
 |
|
