| El 90% de las actas que Trabajo remite a la
Fiscalía por falta de seguridad se archiva sin llegar a juicio |
De las 21 sentencias dictadas en la provincia de
Valencia por falta de medidas de seguridad en el Trabajo durante 2005, 18
fueron condenatorias
Casi el 86 por ciento de los juicios que se celebran en Valencia por
infracción grave de la normativa de salud y seguridad laboral concluye
con una condena para el empresario. Lo abultado del porcentaje oculta una
realidad numérica más pobre: según se desprende de la
Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, durante el año 2005 los tribunales de Valencia se dictaron
sólo 21 sentencias en juicios contra empresarios por falta de medidas de
seguridad en el trabajo. De ellas, tres fueron absolutorias, 18 condenatorias y
en dos casos, el castigo penal fue impuesto pese a que no se había
producido ningún accidente.
La dificultad en la persecución judicial de la siniestralidad en el
trabajo estriba, según denuncia el fiscal coordinador de la
Sección de Riesgos Laborales de Valencia, Jaime Gil, en conseguir que
los tribunales actúen antes de que se produzca el accidente; y en caso
de no lograrlo, que sea el juez el que dictamine sobre la responsabilidad del
empresario y rompa así la tendencia a la
«privatización» de los siniestros laborales que permite al
empleador abortar la vía penal mediante el pago de una
indemnización a la víctima o a sus familiares.
«Compra» de responsabilidad
De hecho, según los datos que maneja la Fiscalía, sólo el
10 por ciento de los accidentes laborales con resultado de muerte, de los que
ya se contabilizan 30 este año y 129 el pasado, llega a juicio porque en
la mayoría de los casos la eventual responsabilidad del empresario se
diluye gracias al acuerdo indemnizatorio alcanzado entre las partes. El
Ministerio Público sólo interviene en los supuestos en que la
vulneración de la normativa laboral trasciende los límites de la
infracción administrativa merecedora de multa y se adentra en el terreno
de la infracción penal susceptible de ser castigada con prisión
por el riesgo al que se expone al trabajador en su jornada laboral.
Durante 2005, la Inspección de Trabajo remitió a la
Fiscalía más de 400 actas de infracción, en una
demostración de la fluidez que ha ganado la comunicación entre
ambos organismos. Sin embargo, sólo en el 10 por ciento de los casos, es
decir, en unos 40, la Sección de Riesgos Laborales detectó
infracciones perseguibles por la vía penal, con independencia de la
sanción propuesta por la vía administrativa y de que se hubiera
producido accidente en las instalaciones inspeccionadas. La Fiscalía
estudia ahora si hay delito en las 600 actas de infracción que acaba de
recibir.
En 2006 han muerto al menos treinta personas en su puesto de trabajo en la
Comunidad y «existe mucho accidente laboral que no aflora», advierte
Gil. 2005 se cerró con 105.000 accidentes, 1.777 heridos graves y 129
muertos
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Publicado por ABC, el 23 de abril de 2006
Autor: I.R.T. |
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