| Aluvión de demandas falsas por 'mobbing'
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Abogados y jueces advierten que las denuncias por
acoso se usan a veces como arma para evitar despidos
El 25 de septiembre de 2001 un tribunal dictó la primera condena por
acoso laboral (mobbing) en España. Exactamente un año
después, ya eran 1.000 las demandas presentadas por este motivo en todo
el país. El colectivo de abogados laboralistas advirtió entonces
sobre el imparable ritmo de crecimiento de estos conflictos, que en mayo de
2003 ya había rebasado la barrera del 200%. Desde la Unión
Europea se insistía en que 12 millones de trabajadores comunitarios
sufrían acoso moral, esto es, maltrato psicológico grave y
premeditado por parte de sus jefes o sus compañeros. Sindicatos, jueces
y abogados se pusieron manos a la obra: había que poner coto al
problema.
Fue el propio Parlamento Europeo el primero en dar la voz de alarma, pero en un
sentido diferente. 'Las falsas acusaciones de acoso moral pueden convertirse en
un temible instrumento de acoso moral', señalaba el organismo hace tres
años en alusión a la multiplicación de demandas sin base
objetiva que comenzaron a anegar los tribunales de toda Europa. En
España los propios jueces han sido los primeros en reconocer que
detrás de muchas de estas acusaciones no hay más que humo.
'Parece que en España se han introducido estas demandas como una
auténtica novedad judicial, siendo frecuentes las que vienen
sucediéndose en estos últimos tiempos, por lo cual se ha de estar
atento a situaciones abusivas', señala, por ejemplo, una sentencia del
juzgado de lo social número 25 de Madrid.
Los expertos calculan que los jueces desestiman el 55% de las demandas por
acoso, pero la proliferación de falsas acusaciones se ha convertido ya
en un problema grave para las empresas. 'Es un problema muy serio. Estamos
viendo a gente que ante una previsible acción disciplinaria por parte de
su empresa (un despido, por ejemplo) intenta blindarse presentando una demanda
por vulneración de derechos fundamentales', señala Vicente Calle,
socio de laboral de Garrigues. Calle hace alusión a la
utilización con fines interesados del principio de indemnidad, una
garantía procesal que impide despedir o sancionar a los trabajadores que
están inmersos en un proceso contra su empresa. 'Cuando una persona
tiene diferencias con la dirección y sospecha que va a ser despedida, se
anticipa con una demanda de este tipo y así impide el despido',
señala el socio de Garrigues. Desde la firma han detectado
también un elevado crecimiento de las demandas por despido improcedente
que incorporan en sus alegaciones alusiones a un supuesto acoso moral.
Acusaciones envenenadas
La primera consecuencia negativa de este fenómeno recae sobre las
espaldas de las verdaderas víctimas: los trabajadores que padecen
realmente este tipo de situaciones. 'Desde mi experiencia las demandas de acoso
moral con base real están por debajo del 25%. Tres cuartas partes de las
que se presentan o no tienen fundamento o no tienen prueba', afirma José
Manuel Martín, socio de Sagardoy Abogados. Martín asegura que la
mayoría de los supuestos reales de acoso no llegan a los tribunales, ya
sea porque las víctimas no se sienten con fuerzas para iniciar un
proceso o porque el acosador consigue su objetivo y abandonan la empresa. En
cualquier caso, no todas las falsas acusaciones son iguales. 'Hay que separar
las demandas inocentes de las envenenadas. Hay personas que acuden a los
tribunales convencidas de que han sufrido acoso, aunque objetivamente no haya
sido así', advierte el socio de Sagardoy.
La misma postura sostiene Juan Antonio Linares, socio de Cuatrecasas, quien
afirma haberse encontrado a menudo con personas que confunden el acoso con
problemas o deficiencias personales. 'A veces sufren estrés, otras veces
trabajan demasiado, no obtienen resultados o tienen problemas personales y ven
acoso donde sólo hay llamadas de atención de sus jefes', explica.
El socio de Cuatrecasas alude también al uso estratégico de las
demandas como armas de presión que permiten negociar indemnizaciones
más altas en los despidos o hacer daño a un jefe o a un
compañero. Ante la pregunta de qué hacer frente a una
situación así, la respuesta de los expertos es unánime:
prevenir los conflictos con códigos de conducta y protocolos que
permitan denunciar a tiempo cualquier supuesto.
El reto de proteger a las verdaderas víctimas
Junto a la imagen de las empresas, las demandas falsas de acoso moral golpean
también la reputación y la autoestima del trabajador o
trabajadores sobre los que recae la acusación. 'Se puede hacer mucho
daño con falsas demandas. He conocido el caso de una persona que no
aguantó la presión de ser acusada injustamente y se marchó
de su empresa', apunta José Manuel Martín, socio de Sagardoy
Abogados.
Los abogados especializados en estas demandas aseguran que el coste del proceso
es enorme. Y no se refieren precisamente a los honorarios. 'Son juicios
desagradables para todas las partes implicadas y el precio es muy alto. El
tiempo y el sacrificio personal que requiere la preparación del proceso
puede alterar profundamente el funcionamiento de la empresa y enrarecer el
ambiente', advierte Vicente Calle, socio de Garrigues.
Es en ese contexto donde cobra especial importancia el proteger la
reputación del empleado o del directivo acusado de acoso mientras no
haya pruebas de que se ha producido esa conducta.
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Publicado por Cinco Días, el 3 de julio de
2006
Autor: Natalia Sanmartin Fenollera |
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