| El TSJPV declara la incapacidad permanente a
un policía municipal de Donostia que estaba amenazado por ETA |
El agente quedó en un estado
psicológico que le impide trabajar, según la sentencia
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV) declaró ayer la incapacidad permanente absoluta para un
policía municipal de San Sebastián que apareció en varias
listas de objetivos de ETA.
El agente apareció el 2 de agosto de 2001 como objetivo del comando
Zartako, dentro del apartado dedicado al cuerpo de la Policía Municipal
de San Sebastián. Además, en septiembre de 2002 un
compañero suyo, acusado de pertenencia a ETA, declaró ante la
Audiencia Nacional que el nombre de éste figuraba en un listado que se
entregó en agosto de ese año a otro miembro de la
organización terrorista. Con posterioridad, en esta ocasión en
marzo de 2003, entre la documentación incautada en Burdeos tras la
detención de otros miembros de ETA, también se hacía
mención al policía municipal .
La resolución judicial apunta que, como consecuencia de todo ello,
«tuvo que adoptar medidas de vigilancia y seguridad extremas».
«Desde entonces, su estado, pese al tratamiento psiquiátrico,
evoluciona negativamente hasta presentar un desmoronamiento del sistema
psiquiátrico». Por ello, presentaba «trastorno depresivo mayor
grave, trastorno por estrés postraumático y trastorno de ansiedad
generalizada», que se han hecho crónicos a pesar de los
tratamientos a los que se le ha sometido.
La Sala de lo Social del alto Tribunal vasco destaca que al estado depresivo,
la ansiedad y el estrés postraumático que presenta el agente, se
suman síntomas de agitación psicomotriz en episodios graves,
angustia, sentimiento de riesgo, hipervigilancia, insomnio, desidia y falta de
aseo y de apetito, entre otros. La sentencia subraya que «su cuadro es de
depresión mayor grave crónico que, aunque no ha afectado a las
facultades intelectuales superiores, le causa un deterioro físico y
mental grave». Por ese motivo el Tribunal Superior vasco, considera que en
estas condiciones «no es posible adivinar cómo podría
realizar tareas con eficacia, ya que, para las actuaciones físicas, su
estado le causa una gran debilidad».
Tras acudir a los servicios de la mutua en enero de 2003 con un cuadro
ansioso-depresivo y, ante la falta de mejoría, inició una baja
por incapacidad temporal en febrero de ese año. Después fue
remitido a la Policlínica de Gipuzkoa para ser atendido en
psiquiatría, sin que mejorara. En agosto la mutua le remitió al
centro de salud mental extrahospitalaria de Gros, sin que tampoco experimentara
cambios, a pesar «del tratamiento psicológico y
farmacológico continuado». Desde 2003, ya no pudo incorporarse a la
actividad laboral.
En el expediente de incapacidad que se tramitó por la Seguridad Social
en marzo de 2005, se acordó que el agente no estaba en situación
de incapacidad permanente «por no presentar reducciones anatómicas
o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral».
Demanda
El policía municipal interpuso demanda contra la Seguridad Social, el
Ayuntamiento donostiarra y la mutua Pakea de accidentes de Trabajo y
Enfermedades profesionales de la Seguridad Social ante el Juzgado de lo Social
número 2 de San Sebastián, que en septiembre de ese mismo
año decretó la incapacidad permanente absoluta de éste por
accidente de trabajo. Por tanto, obligaba a la Seguridad Social y al
consistorio a acatar esta declaración de incapacidad total, y condenaba
a la mutua a abonar al agente 2.652 euros. La mutua, por su parte,
presentó recurso de súplica, que ahora el TSJPV ha desestimado,
para confirmar la sentencia. Además, impone el pago de las costas a la
empresa recurrente.
|
|
Publicado por Diario Vasco, el 8 de agosto de
2006
Autor: Europa Press |
|
|
|
|