Una empresa ante su difícil situación económica, ya persistente de malos resultados en varios años consecutivos, solicita autorización para un expediente de regulación de empleo que afectará a una parte de la plantilla, dentro de un plan de viabilidad que intenta reflotar la empresa. El ERE es autorizado por la Autoridad Laboral, y la empresa procede a la extinción de contratos, con su correspondiente indemnización, en los plazos previstos en el Expediente.

Parte de los trabajadores no están de acuerdo con estas actuaciones e impugnan la autorización administrativa, que en lo que se refiere a ellos es revocada y vuelven a los que habían sido sus puestos de trabajo. Al reincorporarse solicitan a la empresa el pago de los salarios de tramitación por el tiempo que ha durado el proceso, desde que se cesaron en sus puestos hasta que se les volvió a admitir.

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