Una empresa es sancionada, con una multa de 187.000 euros, por haber incurrido en una cesión ilegal de trabajadores al estar empleando a trabajadores de una empresa de trabajo temporal para actividades que la Administración no considera adecuadas para ese tipo de trabajadores.

La empresa considera que los trabajadores están realizando actividades de tipo temporal y en consecuencia la sanción aplicada no es correcta, ya que se trata de una ETT autorizada, por lo que solicita que ésta sea dejada sin efecto, o en todo caso, que se le aplique con un importe inferior para el supuesto de que haya incurrido en alguna irregularidad, pero no en la cesión ilegal que se señala para aplicar la sanción.

Una empresa lleva años abonando a sus trabajadores una retribución variable anual condicionada a alcanzar unos determinados objetivos. En esta situación la empresa comunica de forma individual a cada uno de los empleados los objetivos para el nuevo año, incluyendo un "objetivo llave" para el que se tomará como referencia el Beneficio Antes de Impuestos de la empresa, pero no hace constar el valor concreto a alcanzar ni el porcentaje que será necesario.

Cuando llega el momento de pago de este “objetivo llave”, la empresa no lo hace efectivo argumentando que no se ha conseguido el objetivo del BAI, pero sin haber informado en ningún momento anterior a los trabajadores ni tampoco a sus representantes legales sobre las previsiones sobre el mismo o el grado de cumplimiento alcanzado.

Ante esta situación, los trabajadores reclaman contra la empresa por lo que ellos consideran es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y solicitan que esta se deje sin efecto y se les abone la retribución variable en cuestión.

Un trabajador fijo discontinuo, pero que previamente estuvo vinculado a la empresa con diversos contratos de interinidad, eventuales y por obra o servicio, solicita a su empresa que ésta le reconozca su antigüedad desde el momento en que comenzó a prestar servicios en ella, y que en ese cálculo se incluyan los periodos de inactividad.

Una trabajadora agraria temporal solicita y le es reconocida la Renta Agraria para los trabajadores eventuales residentes en Andalucía y Extremadura incluidos en el Régimen Especial Agrario. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal posteriormente anula esta prestación y le reclama la devolución de los importes percibidos, al considerarlos indebidos, cuando comprueba que el cónyuge de la trabajadora es propietario de una explotación agrícola, de la que obtiene rendimientos superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Procedimiento Laboral

Una empresa realiza un despido colectivo al que se opone uno de los sindicatos con representación en ella. Presenta demanda anta el Tribunal Superior de Justicia, contra la que la empresa alega que su presentación se ha producido fuera de plazo. Caducidad que es aceptada por la Sala. Pero el sindicato se opone aduciendo que previamente se presento la misma demanda ante un Juzgado de lo Social, que se declaró incompetente, y en consecuencia los plazos se han cumplido correctamente.

Una empresa notifica a sus trabajadores una serie de instrucciones sobre el uso de los equipos informáticos y el acceso a Internet. En esta comunicación se prohíbe el uso de los medios digitales facilitados por la empresa para fines particulares que no tengan relación con el trabajo y establece que todos los ordenadores, correos electrónicos corporativos y archivos guardados en ellos por los trabajadores serían accesibles por la empresa en cualquier momento, pudiendo ser analizados, examinados y formateados mediante medios informáticos como auditorías, exámenes periciales o software de captura de pantallas.

Los trabajadores, considerando que esta comunicación vulnera sus derechos, pues cambia de forma radical la política de uso de medios informáticos sin que a ello se haya llegado mediante una negociación con sus representantes legales, solicitan que se deje sin efecto estas nuevas instrucciones.

Un trabajador que desarrolla su actividad a tiempo parcial, es despido por su empresa mediante despido objetivo. Solicita la prestación de desempleo, al haber quedado en situación de desempleo total por la pérdida de su único empleo. Le es reconocida aplicando un coeficiente de parcialidad, que el trabajador considera discriminatorio, pues al tratarse de una relación a tiempo parcial su base reguladora ya es inferior por si misma, y con el coeficiente se les ta aplicando una doble penalización.

Una empresa tenía con sus trabajadores en turno de noche suscrito un acuerdo de teletrabajo. Inicialmente, la empresa continuó abonando el plus de transporte establecido en el convenio colectivo aplicable, que se percibía cuando los trabajadores debían acudir al centro de trabajo en horario nocturno. Sin embargo, en un momento determinado, la empresa decidió dejar de abonar dicho plus a estos trabajadores en situación de teletrabajo.

Ante esta medida los trabajador reclaman para que la empresa continúe con el pago de ese complemento, al considerar, que aunque su actividad se desarrolle de forma no presencia, ese plus es una condición más beneficiosa, ya que lo han estado percibiendo durante un largo periodo de tiempo en el que ya desarrollaban su actividad a distancia. A esta reclamación la empresa responde que el mantenimiento de ese pago de debió a un error en la gestión del mismo.

Una trabajadora que presta servicios en una empresa de limpieza, con contrato indefinido a tiempo completo, desarrolla su actividad en tres centros diferentes, uno de ellos es un hotel donde realiza 10 horas a la semana. La contrata de limpieza con hotel finaliza y éste internaliza el servicio de limpieza, negándose a subrogar a los trabajadores de la empresa contratista que venían prestando servicios en él, entre ellos esta trabajadora.

La empresa de limpiezas comunica a la trabajadora que su jornada pasa a ser de 29 horas semanales, distribuidas en los otros dos centros de trabajo. Ante esta situación. la trabajadora se presenta en su puesto de trabajo en el hotel en su horario habitual, pero se le impide la entrada. Por lo cual, la trabajadora demanda a ambas empresas por despido tácito parcial, pretensión a la que se oponen las dos demandadas.

Un trabajador autónomo por ser socio de una cooperativa, solicita que se le reconozca la jubilación activa percibiendo el 100% de la base reguladora, compatible con la actividad por cuenta propia. Sin embargo, esta solicitud es denegada por la Seguridad Social al considerar que no cumple los requisitos para poder tener acceso a ella. En consecuencia reclama contra la negativa a su solicitud.