Una empresa, tal como indica el convenio colectivo, contrata para sus trabajadores una póliza de seguro para los supuestos de que estos, como consecuencia de un accidente de trabajo, sean declarados en situación de incapacidad permanente o bien fallezcan.

La empresa paga en plazo la primera cuota anual, pero cuando se le presenta la segunda devuelve el recibo, pues está negociando con otra compañía de seguros la contratación de una póliza para el mismo fin a la finalización de la ya contrata e impagada.

Uno de los trabajadores de la empresa sufre un accidente de trabajo, a los pocos días de no atender el pago del recibo de renovación de póliza, consecuencia del cual es declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesional habitual, por lo que reclama a la empresa el cobro de la cantidad estipulada en la póliza de seguro indicada en el convenio.

La empresa reclama a la primera compañía de seguros el pago de lo asegurado en la póliza impagada, a lo que ésta se niega, precisamente por el impago de la prima, pero la empresa considera que de acuerdo con la Ley del Contrato de Seguro la compañía debe hacer frente al pago la estipulado en el póliza impagada, pues ésta continúa vigente, pese a la impago, durante un mes desde la fecha en que aquel se produjo.

Una trabajadora se le reconoce la prestación por maternidad, pero la empresa en la que trabaja no se encuentra al corriente en el pago de sus cotizaciones sociales y solicita un aplazamiento de las mismas que le es concedido por la TGSS, pero pese a ello INSS considera a la empresa responsable del pago de la prestación de la trabajadora.

La empresa, no conforme con esta situación, reclama contra el INSS pues considera que ya ha formalizado el aplazamiento de la deuda no se le debe considerar responsable del pago de la prestación.

Una trabajadora al salir de su centro de trabajo para regresar a su domicilio por haber finalizado su jornada, en el camino habitual y en el horario habitual de regreso sufre un atraco en el que se roban en el bolso, y consecuencia del mismo sufre diversas lesiones por las que recibe la baja médica.

La trabajadora reclama que la contingencia de la incapacidad temporal sea accidente de trabajo, pero la Seguridad Social se opone al considerar que como consecuencia del atraco, y sus lesiones, puede haber diversos tipos de responsabilidades civiles y penales hacia el tercero que lo cometió, pero que en ningún caso se puede considerar que se trate de un accede de trabajo, ya que el robo no estuvo relacionado con la actividad laboral desempeñada por la trabajadora.

Un trabajador tiene en su centro de salud concertada una cita con su médico, por lo que ha informado a su empresa, de la que ha obtenido la correspondiente autorización para ausentarse por este motivo de sus instalaciones. Durante el desplazamiento del centro de trabajo al médico sufre un accidente, que le lleva ser hospitalizado y a un periodo de baja médica acorde a la las lesiones producidas.

Consecuencia de ello el trabajador comienza a percibir la prestación por incapacidad temporal, que según la mutua debe ser calculada como contingencia común, mientras que el trabajador reclama que lo sea por accidente de trabajo.

Un trabajador sufre un accidente de trabajo, y como consecuencia del mismo es declarado en situación de incapacidad permanente total. Este accidente lleva a que la empresa sea objeto de una inspección de trabajo de cuya acta se desprende que había carencias en las medidas de seguridad, por lo que el INSS acuerda un recargo de prestaciones.

La empresa, no conforme, recurre esta medida al considerar que el plazo para poder imponer el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad ya ha prescrito cuando éste le es comunicado, pues han transcurrido cinco años, y por lo tanto debe quedan sin efecto.

Se constituye una sociedad en la que parte de los socios se integran el RETA y parte se excluyen de este régimen, entre ellos la esposa del administrador delegado por tener tan solo el 0,04% del capital de la sociedad. Pero la TGSS considera que deber está incluida en el Régimen Especial, pues posee el control efectivo, y procede a ello de oficio, reclamándole las cotizaciones desde el momento de la sociedad comenzó su actividad.

A un trabajador que tiene la profesión de camarero, y la mismo tiempo dirige un establecimiento de hostelería, se le declara en situación de incapacidad permanente total, y como consecuencia de ello causa baja en la Seguridad Social, aunque continua como titular del negocio.

Posteriormente, con otro socio, crea una sociedad con la misma empresa de la que era titular, de la que es nombrado administrador único y se encarga de su dirección y gestión. En estando en esta situación la Inspección de Trabajo le da del alta en RETA con efectos retroactivos y el INSS le reclama la devolución de la prestación que había estado percibiendo durante dos años.

A esta reclamación el trabajador se opone, al considerar que cuando se le declaró en situación de incapacidad permanente total su actividad era la de camarero, aunque fuera titular del negocio, y ahora no tiene funciones de camarero sino únicamente de dirección del negocio, lo que supone una actividad, profesión, diferente.