Una trabajadora al salir de su centro de trabajo para regresar a su domicilio por haber finalizado su jornada, en el camino habitual y en el horario habitual de regreso sufre un atraco en el que se roban en el bolso, y consecuencia del mismo sufre diversas lesiones por las que recibe la baja médica.

La trabajadora reclama que la contingencia de la incapacidad temporal sea accidente de trabajo, pero la Seguridad Social se opone al considerar que como consecuencia del atraco, y sus lesiones, puede haber diversos tipos de responsabilidades civiles y penales hacia el tercero que lo cometió, pero que en ningún caso se puede considerar que se trate de un accede de trabajo, ya que el robo no estuvo relacionado con la actividad laboral desempeñada por la trabajadora.

Un trabajador tiene en su centro de salud concertada una cita con su médico, por lo que ha informado a su empresa, de la que ha obtenido la correspondiente autorización para ausentarse por este motivo de sus instalaciones. Durante el desplazamiento del centro de trabajo al médico sufre un accidente, que le lleva ser hospitalizado y a un periodo de baja médica acorde a la las lesiones producidas.

Consecuencia de ello el trabajador comienza a percibir la prestación por incapacidad temporal, que según la mutua debe ser calculada como contingencia común, mientras que el trabajador reclama que lo sea por accidente de trabajo.

Un trabajador sufre un accidente de trabajo, y como consecuencia del mismo es declarado en situación de incapacidad permanente total. Este accidente lleva a que la empresa sea objeto de una inspección de trabajo de cuya acta se desprende que había carencias en las medidas de seguridad, por lo que el INSS acuerda un recargo de prestaciones.

La empresa, no conforme, recurre esta medida al considerar que el plazo para poder imponer el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad ya ha prescrito cuando éste le es comunicado, pues han transcurrido cinco años, y por lo tanto debe quedan sin efecto.

Se constituye una sociedad en la que parte de los socios se integran el RETA y parte se excluyen de este régimen, entre ellos la esposa del administrador delegado por tener tan solo el 0,04% del capital de la sociedad. Pero la TGSS considera que deber está incluida en el Régimen Especial, pues posee el control efectivo, y procede a ello de oficio, reclamándole las cotizaciones desde el momento de la sociedad comenzó su actividad.

A un trabajador que tiene la profesión de camarero, y la mismo tiempo dirige un establecimiento de hostelería, se le declara en situación de incapacidad permanente total, y como consecuencia de ello causa baja en la Seguridad Social, aunque continua como titular del negocio.

Posteriormente, con otro socio, crea una sociedad con la misma empresa de la que era titular, de la que es nombrado administrador único y se encarga de su dirección y gestión. En estando en esta situación la Inspección de Trabajo le da del alta en RETA con efectos retroactivos y el INSS le reclama la devolución de la prestación que había estado percibiendo durante dos años.

A esta reclamación el trabajador se opone, al considerar que cuando se le declaró en situación de incapacidad permanente total su actividad era la de camarero, aunque fuera titular del negocio, y ahora no tiene funciones de camarero sino únicamente de dirección del negocio, lo que supone una actividad, profesión, diferente.

A un trabajador autónomo se le deniega la incapacidad permanente tras un proceso de incapacidad temporal, y tras reclamar judicialmente se le reconoce una incapacidad permanente total con una prestación del 75% de la base reguladora.

El INSS se opone a que el trabajador pueda percibir el complemento del 20%, al considerar que el trabajador debe acreditar, aparte de la sentencia, que reúne los requisitos para acceder al complemente; mientras que por parte del trabajador se considera que debe ser la Entidad Gestora quien pruebe que es el pensionista quien no reúne los requisitos, para que el complemento pueda ser eliminado.

Dos sociedades limitadas forman una UTE, pasando el administrador de una de ellas a ser gerente de la nueva empresa. Pasado un tiempo se produce la liquidación de la UTE, teniendo el gerente salarios pendientes de cobro por estas funciones. Por lo que reclama su pago en vía judicial, declarándose el juzgado de lo social incompetente, al considerar que se trata de una cuestión mercantil.

Una empresa es condenada a pagar un recargo de cotizaciones del 40%, a consecuencia de un accidente de trabajo que cuesta la vida al trabajador. Esta recurre contra la sanción impuesta pues considera que, al estar realizando el trabajador su actividad con un alto nivel del alcohol en sangre según los análisis que se le realizaron, no se puede sancionar ya que lo ocurrido se debió a una imprudencia o negligencia del trabajador, al realizar su actividad bebido.