¿Cuándo se considera que los administradores de una sociedad son personal laboral de la empresa?

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Un sociedad mercantil contrata los servicios de otra sociedad para realización de unos determinados trabajos sobre su área de actividad, previo al inicio de estas tareas el administrador de la empresa contratada es presentado, a título personal, al consejo de administración de la empresa que le contrata, como el responsable de la tarea, se le facilita acceso a las instalaciones, equipos y documentación de la empresa, así como acceso al personal de todos los departamentos de la empresa, y desarrolla toda su actividad en las instalaciones de aquella.

Cuando la empresa considera que el trabajo encargado ha finalizado, lo comunica al administrador de la segunda sociedad para cese en la actividad y deje de asistir a las instalaciones de la empresa, lo que es considerado por éste como un despido, ya que insiste en que su relación ha sido desarrollada a título personal, como Director General de empresa que le contrato, y no como administrador-representante de su compañía de servicios a empresas.

¿Ha existido una relación laboral de carácter especial de alta dirección, o sido una relación mercantil entre dos empresas?

Para determinar si ha existido una relación el alta dirección hay que ver si se han dado los requisitos específicos de esta, a saber:

En este caso el trabajador-administrador de la empresa contratada, ha tenido plena capacidad de comunicación y de acceso a las instalaciones y documentos de la empresa en la que prestaba servicios, pero nunca tuvo la capacidad de tomar decisiones en nombre de aquella, pues no le fueron otorgados poderes para ello. Con lo que podía revisar, estudiar, informar, etc, sobre la situación de los empleados, de producción, de patrimonio, financiera… pero no podría despedir ni contratar trabajadores, ni realizar operaciones bancarias, ni comprar o vender mercancía o patrimonio.

Por solo tanto, pese a que el administrador de la empresa contratada pudiera haber tenido una confusión con la naturaleza de su relación con la empresa en la que desarrolla su actividad, y haber considerado que todas esas facilidades para el desarrollo de su trabajo le convertían en un miembro de sus órganos de dirección, esto no es así, ya que al no facilitarle poderes no tenia capacidades reales en ese sentido, y su actividad era la de un profesional independiente externo contratado para el desempleo de una determinada actividad de apoyo y asesoramiento, sin vinculación laboral alguna con la empresa en la que la prestaba.


Todo ello de acuerdo con:

  • Art. 1 ET.
  • Art. 1.2 RD 1382/1985.
  • Sentencia Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 8 de octubre de 2010 - Recurso 281/2010.



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