Un trabajador es despedido por su empresa empleando como prueba para ello unas grabaciones de las cámaras de videovigilancia presentes en sus instalaciones.

El trabajador, no conforme con esta medida, reclama contra la empresa al considerar que esas grabaciones suponen una vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por lo que reclama la nulidad del despido. A lo que se opone la empresa, al considerar que tal vulneración no se ha producido.

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