51 Casos Prácticos Laborales es una selección de casos publicados en Ayuda Laboral. En ellos se trata una amplia y variada casuística de situaciones, unas habituales y otras no tanto, que tienen lugar en el desarrollo de las relaciones laboral en la empresa.

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Equilibrio entre los formalismos procesales y la Tutela Judicial Efectiva
En el ámbito del Derecho Laboral, la correcta aplicación de los requisitos procesales es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los trabajadores. En este sentido se destaca la sentencia del Tribunal Supremo – Sala de lo Social, de 11 de julio de 2023 - recurso 3255/2020, en la que se plasma la importancia de equilibrar el formalismo procesal con el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

El supuesto en cuestión se centra en el archivo de las actuaciones en un procedimiento de despido, ordenado por el Juzgado de lo Social debido a la falta de presentación oportuna del justificante de conciliación previa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, exigido en el artículo 81.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. El Tribunal Superior de Justicia confirmó esta decisión, pero el Tribunal Supremo revocó dicha determinación.

El Alto Tribunal argumenta que el archivo de la demanda por esta razón fue excesivamente formalista y desproporcionado. Señalando que el trabajador había cumplido con el requisito de intentar la conciliación previa al presentar la solicitud ante el SMAC antes de interponer la demanda, aunque no presentó junto a ella la acreditación del resultado de la conciliación. Además, aunque el justificante se aportó tardíamente, cumplido el plazo de 15 días facilitado para ello, esto no causó perjuicio a las partes ni afectó al proceso judicial.

Esta sentencia destaca la doctrina del Tribunal Supremo, como son las sentencias de 13 de junio de 2023 – recurso 1936/2022 o de 20 de julio de 2022 – recurso 2890/2021, entre otras, sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Este derecho incluye el acceso al proceso, que garantiza que los ciudadanos puedan recurrir a la jurisdicción para defender sus derechos legítimos. El Tribunal subraya que las normas procesales deben interpretarse de manera que no limiten injustificadamente este derecho.

En casos en los que se disputa el fondo del asunto, como en el procedimiento de despido mencionado, el Tribunal debe evitar decisiones excesivamente formales que impidan el acceso a la justicia. Aunque pueda haber incumplimientos iniciales de requisitos procesales, estos no deben conducir automáticamente al archivo del caso si se subsanan posteriormente o si no causan perjuicio relevante.

El Tribunal Supremo, al dejar sin efecto el archivo de las actuaciones, reafirma la importancia de garantizar el acceso al proceso y la posibilidad de que se examine el fondo de las reclamaciones. Ordena que el procedimiento continúe su curso normal, asegurando así que se resuelva adecuadamente el conflicto laboral planteado. De modo que se otorga prioridad al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva para evitar la indefensión por aplicación desmesurada de formalidades no esenciales.


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