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Sentencias sobre Procedimiento Laboral
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En el ámbito laboral, los procesos judiciales requieren, en muchas ocasiones, la obtención de pruebas que respalden los argumentos de las partes, más allá de lo que pueden aportar documentos o testigos. Dentro de las herramientas a disposición de las empresas, la prueba obtenida a través de detectives privados ha adquirido un protagonismo significativo. Su uso, tanto en procedimientos laborales como en cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, ha planteado interesantes retos jurídicos en relación con su regulación, límites y valoración probatoria.
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Los medios tecnológicos no deben reducir los derechos y garantías de las partes
La evolución hacia el uso de medios telemáticos en los procedimientos judiciales está transformando las dinámicas procesales, lo que plantea desafíos importantes en términos de garantías de defensa y contradicción, que de no respetarse adecuadamente pueden dar lugar a situaciones que comprometan la validez del proceso judicial, conduciendo incluso a la declaración de nulidad del mismo.
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La prescripción, básicamente, es un límite de tiempo que se establece por ley para que los interesados en una reclamación, que dar lugar a un proceso judicial, puedan ejercer sus derechos contra la parte contraria. Por ejemplo, entre otros, para presentar demanda contra un despido se dispone de un plazo de 20 días hábiles, mientras que para un reclamación de salarios es de un año natural. Pero si ese plazo de tiempo transcurre sin que el titular del derecho, que se puede reclamar durante el mismo, realice ningún tipo de actuación para solicitarlo, entonces por el simple paso de ese plazo, la prescripción es automática, la posibilidad de exigir ese derecho se extingue. Aunque presenta un detalle, no se aplica de oficio, es decir, para que se tenga en cuenta la parte a la que se está exigiendo el derecho pendiente tiene que alegar que esa posibilidad ya ha prescrito por haber finalizado el plazo en que era posible su reclamación.
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