Estudia, en un supuesto de despido, la posibilidad de declaración de nulidad de la sentencia y de las actuaciones previas, como consecuencia de la de no haberse admitido una prueba de grabaciones  de llamadas telefónicas.

Estudia si la solicitud de aplazamiento de juicio por enfermedad de la parte demandante, cuya resolución no es notifica a la parte, puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones en las que se decretó su desistimiento por incomparecencia.

Estudia el alcance de la valoración de la prueba tras un recurso de suplicación.

Estudia cuando se puede considerar que una demanda incurre en temeridad, en un proceso por sucesión de empresa.

Estudia, en un supuesto de procedimiento de imposición de sanción a una empresa, como debe ser el cálculo del plazo de caducidad a aplicar al mismo, para determinar la extensión del mismo y los factores adicionales que pueden afectar al mismo.

Estudia, en un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, llevado a efecto en una unión temporal de empresa, que órgano judicial es el competente para tratar el asunto.

Estudia, en un supuesto de trabajador fijo discontinuo, cuando éste se encuentra en baja por incapacidad temporal y la empresa no realiza el correspondiente llamamiento al inicio de la campaña, cuando comienza el plazo de caducidad para que el trabajador pueda reclamar por despido contra la empresa.

Estudia un supuesto en que una de las partes solicita la suspensión del acto de juicio por enfermedad de uno de sus peritos, y se niega a sustituirlo por otro, para determinar si la realización del juicio sin la presencia de este perito puede dar lugar a que se haya quedado una situación de indefensión

Estudia, en un supuesto en el que se ha producido una variación sustancial de la demanda, las posibilidades de aplicar el principio in dubio pro operario, cuando con las variaciones en la demanda se está producido una situación de indefensión de la parte contraria.

Estudia, en un supuesto de ejecución de sentencia, el orden de preferencia de los embargos ordenados sobre la empresa por los distintos organismos públicos, en relación con los salarios pendientes de los trabajadores, para determinar a quien deben pagarse las facturas pendientes de cobro por la empresa ejecutada.