Una empresa, tras una conducta inadecuada de uno de los trabajadores, procede a su despido disciplinario, para lo que le entrega la carta correspondiente con la exposición de hechos y su consecuencia. Ante este el trabajador demanda a la empresa alegando que no conoce la fecha en la que el despido se hará efectivo, mientras que esta considera que la efectividad del mismo es muy precisa, ya que se desprende el contenido mismo de la carta.

Un trabajador que tiene la condición de ser personal de alta dirección, es despedido por su empresa y este despido resulta ser improcedente, por lo que el trabajador reclama que la empresa le haga efectiva la indemnización de falta de preaviso para su cese unilateral por parte de la empresa, consistente en 3 meses de salario. A lo que la empresa se opone alegando que un despido no es un desistimiento unilateral

Una empresa, dedicada a la actividad de limpieza y mantenimiento de instalaciones industriales, despide a uno de sus trabajadores alegando causas organizativas para formalizar el despido objetivo el mismo, pues aunque realiza su actividad en varios centros de trabajo mediante las correspondientes contratas, aquella que dar lugar a la actividad en el centro donde prestaba sus servicios el despedido llega a su fin, y al renovarla se hace con un menor encargo de trabajo y con un precio menor.

Mientras que por su parte el trabajador considera que el despido debe ser considerado improcedente, pues pese a ser cierto lo señalado por la empresa, también lo es que ésta tiene actividad en otros centros de trabajo a los puede trasladar al trabajador en lugar de proceder a su despido.

Un ayuntamiento adjudica a una empresa privada, por concesión administrativa, un servicio de atención a personas mayores en la localidad en un centro de día. Pasado un tiempo los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio reclaman que se les haga efectivo el pago de unos atrasos salariales aprobados en el nuevo convenio colectivo.

Esta solicitud se realiza tanto a la empresa como al ayuntamiento, por considerar los trabajadores que existe una responsabilidad solidaria de ambos, al tratarse de un supuesto de contratas y subcontratas. Pero el ayuntamiento se opone a realizar este pago, pues considera que no se trata de una contrata, sino de una concesión administrativa de una actividad no le es propia, sino que en realidad corresponde a la comunidad autónoma.

Un trabajador, con poderes para actuar en nombre de la mercantil, demanda a su empresa por despido, y para el cálculo de la indemnización correspondiente se tienen en cuenta las retribuciones en metálico que mensualmente percibía el trabajador, así como la cuota mensual correspondiente al “renting” de un vehículo de empresa del que venía disfrutando el trabajador, en concepto de retribución en especie.

La empresa se opone a esta forma de calcular el importe de la indemnización, pues considera que no debe tenerse en cuenta para ello la parte correspondiente al vehículo, aunque pueda considerarse que se trata de una retribución en especie, como lo que el total a pagar al trabajador es considerablemente inferior.

Un trabajador y su empresa llegan a un acuerdo para formalizar un pacto de no competencia, para que una finalizado el contrato de trabajo el empleado no se puede dedicar a la misma actividad durante un periodo de seis meses. Al llegar el contrato a su término la empresa informa, al trabajador, de que puede realizar la actividad laboral que considere adecuada, incluso si entra en competencia con la actividad que acaba de finalizar, y en consecuencia, también le informa, de que no le hará efectivo el pago de la indemnización acordada como consecuencia del pacto.

El trabajador no conforme con la actuación de la empresa reclama a ésta el pago de la indemnización pactada, ya que considera que debe cumplir el acuerdo pese a que le avise de que no le impone restricciones para nuevas actividades concurrentes.

Un trabajador es despedido por su empresa como son secuencia de una serie de irregularidades, de las que está ha tenido conocimiento tras una auditoría interna, dos años después de que fueran realizadas. Pero el trabajador se opone al este despido al considerar que las faltas alegadas están prescritas, pues ya han transcurrido todos los plazos para poderle sancionar, máxima cuando ya no tiene responsabilidades en área en la que las cometió, fue cesado, no las oculto pues las plasmo en la contabilidad y además las confesó al auditor cuando éste comenzó su trabajo en la empresa.

Un trabajador sufre acoso laboral en su empresa, al considerar ésta que ha perdido la confianza en el mismo y querer crearle un ambiente hostil para que dimita de su puesto. En último extremo al no conseguir este fin, lo despide por causas económicas, teniendo en cuenta la situación del sector de actividad al que pertenece la empresa y que afecta directamente a la situación particular de ésta.

Mientras que el trabajador reclama contra la empresa en solicitud de extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa, por considerar que el despido objetivo es improcedente al haber sido para encubrir el acoso laboral al que está siendo sometido, por lo que solicita una indemnización complementaria, a la que le pueda corresponder por extinción de contrato, por los daños y perjuicios que le ha ocasionado la situación de acoso laboral. A lo que la empresa se niega, al considerar que la indemnización por despido es la única a la que se debe hacer frente en el marco de la extinción laboral.

Un trabajador con contrato fijo discontinuo es despido por su empresa, reconociendo ésta la improcedencia, aunque debido a la insuficiencia de la cantidad que la empresa consignó como indemnización en el Juzgado de lo Social, esto no interrumpió el cómputo de los salarios de tramitación.

Un trabajador que ha disfrutado un periodo de excedencia voluntaria, tras la finalización de éste, solicita a su empresa ser reincorporado a su puesto de trabajo. A lo que la empresa responde que esto no es posible, ya que el puesto ha sido amortizado, y ya no existe.

El trabajador reclama contra esta decisión de la empresa, pues considera que su puesto si está disponible, ya que continúa existiendo la misma categoría profesional, y concretamente el puesto que él venía despeñando está siendo cubierto por empleados a tiempo parcial.