Una empresa cambiar su organización interna, creando una nueva Dirección de Relaciones Colectivas, que segrega de la Dirección de Recursos Humanos, ante esta medida, uno de los sindicatos con representación en la empresa inicia un proceso de conflicto colectivo por no haber sido informado de este cambio. Reclamación con la que la empresa no está conforme, pues considera que ha cumplido con todas las obligaciones que implicaba esa modificación en su estructura organizativa, al haber informado de la misma al Comité de empresa.

Un trabajador fijo discontinuo demanda a su empresa por no haber sido llamado al comenzar de nuevo la actividad. La empresa, nueva adjudicataria de la contrata por la que este trabajador se encontraba contratado, responde que el trabajador no es su responsabilidad, pues la empresa saliente, tal como obliga el convenio, no le ha informado de los trabajadores que prestaban servicios en el centro de trabajo que le ha sido adjudicado. Por lo que considera que la empresa responsable del despido improcedente, que se le reclama, es la saliente.

En una empresa de transporte los trabajadores reclaman contra el hecho de que la empresa esté abonando los complementos salariales de los trabajadores a tiempo parcial, por su importe proporcional al tempo efectivamente trabajado, cuando consideran que por la naturaleza de los mismos, estos deberían pagarse en las mismas condiciones que a los trabajadores a tiempo completo.

La empresa se pone a esta reclamación, pues considera que los complementos se están haciendo efectivos en los términos del convenio colectivo, y por lo tanto, no procede en ningún caso el pago completo de los mismos a los trabajadores a tiempo parcial.

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Un trabajador, durante un proceso por despido, solicita la nulidad del mismo al estar fundamentándolo la empresa en la grabación de una conversión, que el trabajador despedido desconocía que se había producido. Al considerar que con ello se está violando su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, lo que hace que trate de una prueba ilícita.

Por su parte, la empresa considera que la grabación es válida y no vulnera ningún derecho del trabajador, ya que se ha producido en su entorno laboral, y, en consecuencia, se opone a la pretensión del trabajador.

En una empresa que tiene una actividad en que se deben de tratar con confidencialidad de los datos y situación personal de sus clientes, la dirección procede a renovar la clausula de confidencialidad de sus trabajadores, con adaptación a la Ley de protección de datos de carácter personal.

Una de las trabajadoras a la que se les solicitar la firma de esta documentación, se niega a ello alegando que ya firmó, en su momento, una clausula de confidencialidad, que el hecho de la que la empresa haya cambiado el formato no implica que el anterior acuerdo no tenga validez. Ante la insistencia de la dirección de la empresa, se le celebra una reunión para que la trabajadora firme el documento, siendo el resultado e la misma que la trabajadora rompió la documentación facilitada.

Ante esta situación la empresa opta por el despido disciplinario de la trabajadora, aunque esta última reclama la nulidad del mismo, al considerar que se debe a una represalia porque meses atrás fue candidata en las elecciones sindicales, no siendo elegida para ningún puesto de representación.

Una empresa de servicios de limpieza resulta adjudicataria de este servicio en una tercera empresa. Al completar la subrogación del mismo descubre que, una sus trabajadoras trabajaba también para la anterior empresa adjudicataria. Con lo que la trabajadora, que anteriormente era pluriempleada, ahora ha pasado a tener sus dos relaciones laborales con la misma empresa.

Ante esta situación la nueva empresa decide aplicarle una reducción de jornada de forma unilateral. Actuación que es respondida por la trabajadora con una reclamación por despido, al considerar que la nueva empresa debe hacerse cargo de todas las obligaciones que tenían asumidas la anterior, entre ellas el mantenimiento de su empleo.

A un trabajador autónomo, tras un proceso de incapacidad temporal, le es reconocida por el INSS una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Al mismo tiempo el trabajador no se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas sociales, por lo que la Seguridad Social de concede un plazo de 30 días para que las regularice, y así poder hacer efectiva la prestación que tiene reconocida.

El trabajador, ante su imposibilidad cancelar la deuda en el plazo dado, solicita un aplazamiento de pago de las cuotas pendientes, que le es estimado por la TGSS. Por lo que, considerándose al corriente con la Seguridad Social, vuelve a solicitar la prestación de incapacidad permanente total. Esta resulta denegada por el INSS y el mismo resultado obtiene en el Juzgado de lo Social, pero tras recurrir en suplicación, le es reconocida la prestación en sentencia del TSJ correspondiente.

Ante esta situación el INSS vuelve a recurrir en casación, al considerar que no procede ese reconocimiento de prestación.

Una empresa traslada pare de su plantilla a un nuevo centro de trabajo, en la misma localidad, y en este cambio se incluyen varios trabajadores que tienen la condiciones de representantes legales de los trabajadores. Pero la empresa no les reconoce esta condición, al considerar que en el nuevo centro de trabajo no se han celebrado elecciones sindicales, y en consecuencia hasta que estas no tengan lugar ningún trabajador puede tener esta condición.

Un trabajador presenta papeleta de conciliación al considera que está siendo objeto de una cesión ilegal de trabajadores, ya que se le ha destinado a prestar servicios en una empresa que no es con la que tiene su contrato de trabajo, y esta última no es una ETT para que pueda ceder sus servicios a un tercero.

Durante la tramitación del procedimiento la empresa que le tenía contratado es adquirida por la empresa en la que prestaba servicios de forma efectiva. Con lo que en el momento de presentar la demanda por cesión ilegal, esta ya no existía.

Por lo que la empresa considera que éste no debe continuar al no existir ya la causa que lo motivó, mientras que el trabajador por su parte entiende que sí se debe continuar el procedimiento, hasta determinar las consecuencias de esa cesión ilegal.

Un sindicato solicita a una empresa un local y permiso para que sus afiliados puedan asistir durante su jornada laboral, sin perder su retribución, a la asamblea constitutiva de su Sección Sindical. A esto la empresa se oponer, al considerar que el permiso no puede ser retribuido, y tampoco puede celebrarse esta asamblea durante el tiempo de trabajo.

Por lo que el sindicato reclama solicitando tutela del derecho a la libertad sindical, al considerar que la empresa está actuando de forma que se vulnera su Derecho de Libertad Sindical, y solicita que se ordene cesar en esta conducta.