Una empresa despide a uno de sus trabajadores, con una relación especial de alta dirección, y tras declarase el despido improcedente le hace efectivo el pago de la indemnización correspondiente, y también realiza el pago de la retención de IRPF correspondiente a la cantidad paga al trabajador.

Acto seguido la empresa reclama al trabajador el pago de la cantidad que pagó a Hacienda en concepto de retención, pero el trabajador responde que no es él quien tiene que realizar esa devolución sino que es la empresa quien debe reclamar a la Administración por un pago indebido.

Un trabajador tras finalizar una excedencia voluntaria solicita a su empresa ser reincorporado en su antiguo puesto de trabajo, o equivalente, pero ésta le responde que no tiene en ese momento en un puesto donde poderlo incorporar, pero que va a abrir un nuevo encentro de trabajo en el que sí le puede colocar en un puesto idéntico al que venía desempeñando antes de la excedencia.

El trabajador responde que el puesto ofrecido en el nuevo centro de trabajo requiere de un cambio de residencia, al estar a varios cientos de kilómetros de su dentro de trabajo de origen, a lo que la empresa responde que considera que el trabajador a renunciado a su derecho de reingreso preferente al no aceptar la plaza ofrecida, y en consecuencia el trabajador la demanda por despido improcedente.

Una empresa concede a uno de sus trabajadores un préstamo, que éste devolverá mediante pagos periódicos. Al cabo de un tiempo el empleado es despedido de forma improcedente, y deja cumplir con el pago de las cuotas pendientes del préstamo. Por lo que la empresa tras un periodo de espera demanda al trabajador solicitándole el pago acordado del préstamo, a lo que el trabajador se opone al considerar el plazo para esta reclamación ya ha caducado y no procede tal liquidación.

Un trabajador que ha estado realizando funciones de una categoría superior a la que tiene reconocida, solicita a su empresa que le haga efectivo el pago del plus de polivalencia funcional que parece recogido en el convenio.

La empresa se opone al considerar que el plus es para los casos en lo que un trabajador desarrolle trabajos en varias categorías diferentes, pero no para el supuesto de que las desempeñe la misma actividad pero de un nivel superior al reconocido, y al mismo tiempo le niega el salario de la categoría superior pues no ha desarrollo plenamente.

Un trabajador inicia una relación mercantil con una empresa, pero con el transcurro del tiempo y de las condiciones en que la actividad se desarrolla, se determina que se ha tratado de una contratación laboral en fraude de ley, por lo que la relación inicial queda anulada y el falso autónomo pasa a ser empleado de la plantilla de la empresa.

Con esta nueva situación, la empresa le hace efectivo un salario mensual equivalente al importe total de la base imponible facturada por el trabajador, durante todo el tiempo que se mantuvo la supuesta relación mercantil, y dividido por la cantidad de meses de aquella.

Mientras que el trabajador reclama que a ese importe se le sume la parte correspondiente al IVA, ya que cuando el contrato mercantil se formalizó por importe global más IVA, cuando la empresa le hacía los pagos mensuales, en estos no se distinguía entre base imponible e impuesto, sino que le entregaba una cantidad única, equivalente al importe total del servicio contratado dividido por los meses previstos de duración.

Un trabajador con contrato a tiempo parcial reclama a su empresa el pago de las horas extraordinarias que ha realizado, pues el trabajador considera que el exceso de jornada que ha venido realizando no son horas complementarias. Mientras que la empresa le hace efectivo el pago de esos excesos de jornada como horas de trabajo ordinarias, ya que para los trabajadores con esa modalidad de contrato las horas extras están prohibidas.

Un trabajador es sancionado con una suspensión de empleo y sueldo durante 30 días, por una agresión verbal a un compañero de trabajo, al considerar que ese comportamiento constituye una falta muy grave. Mientras que el trabajador reclama contra esta medida, al considerar que no le debe sancionar con por falta muy grave sino con una falta leve, pues no se trató de una agresión sino de una discusión que alteró la convivencia en el centro de trabajo. Falta que no podría ser objeto de sanción, pues al ser leve ya habría prescrito cuando la empresa comunicó la sanción.

Una empresa tiene instalada una serie de cámara de seguridad en el centro de trabajo, una instalación abierta al público, y con una de ellas capta un comportamiento en uno de sus empleados que con lleva un grave incumplimiento de sus obligaciones laborales, por lo que procede a su despido disciplinario.
 
El trabajador reclama contra esta media y solicita que el despido sea declarado nulo, pues está basado en una grabación de las cámaras de seguridad y considera que con ello se vulneró su derecho a la intimidad.