Una trabajadora es despedida por su empresa, al considerar esta última que está haciendo un uso inadecuado de internet en horas de trabajo, y tras varios avisos e intento de solución dialogada del problema, le informa que va a ser despedida sino corrige su comportamiento.

Tras este anuncio la trabajadora sufre un proceso de IT por enfermedad común, con lo que la empresa añade a las causas de despido cuatro faltas de asistencia injustificadas.

Ante esta actuación la trabajadora reclama contra la empresa por despido improcedente basado en la vulneración de sus derechos fundamentales, al habérsele “intervenido” sus comunicaciones en el trabajo, y por discriminación al ser despedida por estar en IT.

Un trabajador es despido por su empresa, al considerar que con el trabajo de riego que desarrolla, no es posible que asista a desempeñarlo bajo los efectos del consumo de drogas. Por lo que alegando esta causa procede a su despido.

El trabajador reclama contra la empresa, pues considera que el despido es improcedente, ya que en la carta no se han indicado los días en los que se produjo el consumo alegado, ni tampoco cual era el estado que presentaba el trabajador, para poder determinar si éste le impedía realizar su trabajo, o constituía algún tipo de riesgo en el mismo.

Un trabajador, que vive en una localidad diferente a aquella en la trabaja y que se desplaza hasta el lugar de su actividad en su propio vehículo, solicita a su empresa el pago de dietas por desplazamiento, al haber tenido que realizar distintos trabajos fuera del centro de trabajo habitual.

A lo que la empresa responde que no procede este pago de dietas, pues el trabajador ya percibe, mensualmente, un plus de transporte, con el que se deben considerar pagados todos los gastos se le ocasionen por desplazamientos.

Una empresa alegando que sufre una difícil situación económica ya durante varios años, pretende despedir a una de sus trabajadoras mediante despido objetivo por causas económicas, pero considerando que no tiene una buena situación económica no entrega la indemnización en el momento de comunicar el despido, sino varios días más tarde, pero cumple correctamente con el resto de requisitos para esta modalidad de despido.

La trabajadora considera que puede ser despedida, y en consecuencia el despido es nulo, pues se encuentra en baja por embarazo, y además la empresa no ha cumplido con el requisito de simultaneidad en la entrega de la indemnización.

Una empresa que desarrolla su actividad mediante el empleo de contratas, pierde una de estas al considerar la empresa principal que ya no requiere de los servicios que le venía prestando la contratista. Pero al mismo tiempo ambas empresas vuelven a formalizar una nueva contrata con el mismo fin, pero con un volumen de trabajo mucho más reducido.

Ante esta nueva situación la empresa contratista decide amortizar los puestos de trabajo sobrantes, mediante despido objetivo en la modalidad de causas económicas, organizativas o de producción, ya que considera que para poder continuar con su actividad precisa desprenderse de parte del personal que con la reducción del trabajo se le queda inactivo.

Los trabajadores afectados, por su parte, consideran que la empresa esta incurriendo en un despido improcedente, y no objetivo, pues al continuar los trabajos con la misma empresa principal, y para la misma finalidad, no es correcto realizar los despidos que la empresa contratista pretende llevar a efecto, y reclaman la improcedencia de los mismos.

En una empresa en la que el trabajador se realiza en condiciones de ruido elevado, los trabajadores solicitan, que tal como se de indica en el convenio de aplicación, se les abone el plus por peligrosidad, penosidad y toxicidad, en este caso bajo la denominación de plus por ruido.

A esto responde la empresa que ya está pagando en nómina un concepto denominado “incentivo mensual” y otro como “complemento personal”, que sumados son superiores al importe del plus por ruido, con lo que no procede el pago nuevo complemento solicitado al funcionar la absorción/compensación entre las tres cantidades.

Una empresa procede a facilitar a sus trabajadores formación en prevención de riesgos laborales, no la formación específica correspondiente a su puesto de trabajo, sino una formación más genérica encaminada a que, si lo desean, puedan aspirar a ser delegado de seguridad.

Esta formación, la empresa la considera obligatoria para los trabajadores que aún no tienen acreditada formación en seguridad, para los trabajadores con contratos temporales y para los trabajadores en prácticas, mientras que para los contratados de forma indefinida considera que es voluntario asistir a ella, aunque se recalca que la formación es para todos los trabajadores, incluidos estos últimos.

Debido al horario del centro de formación al que deben asistir los trabajadores, las horas de clase fuera del horario laboral, al entender la empresa que al no ser la formación obligatoria relativa al puesto de trabajo que va a desarrollar el empleado, esta formación fuera de horario laboral no debe ser compensada dentro del anterior. Mientras que por su parte los trabajadores solicitan que esta formación, como en todo caso es formación que tiene repercusión sobre su actividad y que es propuesta por la empresa, debe compensarse el tiempo empleado en ella, descontándolo de la jornada laboral normal.

Una empresa, tras sospechar que uno de sus trabajadores emplea el ordenador de la empresa y su conexión a Internet para usos privados, ajenos a su actividad laboral, decide inspeccionar el uso que el trabajador está haciendo del ordenador y su conexión, por lo que junto con un representante legal de los trabajadores y el técnico de sistemas, extraen del servidor de la empresa, por el que el empleado conecta al exterior, el historial de conexiones, con las direcciones de destino, las fechas y horas, con lo que siguiendo las direcciones pueden comprobar que se trata de páginas de descarga de música, tonos para el móvil, páginas de ocio, correo electrónico y chat, entre otros usos no laborales. Todo ello sin acceder al ordenador utilizado por el trabajador, y respetando la normativa referente a protección de datos. Por lo que al estar haciendo un uso indebido de los medios de trabajo puestos a su disposición por la empresa, procede a su despido disciplinario.

El trabajador considera que con esos datos no es posible verificar que el uso del ordenador pudiera considerarse como personal y ajeno a la actividad laboral, por lo que la actuación disciplinaria emprendida no es correcta y el despido debe ser considerado improcedente.

Un transportista que presta sus servicios como autónomo en otra empresa, pues el vehículo con el que trabaja es de su propiedad, y se hace cargo de todos los gastos, impuestos, cotizaciones, etc. relativos a su actividad de transportista, solicita a esta empresa, en la que ya lleva realizando su actividad dos años, que se le reconozca su condición de trabajador por cuenta ajena y no de autónomo, pues considera que las condiciones en que se desarrolla ésta, no son propias de un trabajador en el RETA sino por cuenta ajena.

Un trabajador es despedido por su empresa, de forma disciplinaria, y ésta en el momento del cálculo de la indemnización, pues reconoce la improcedencia del mismo, omite el tiempo que el trabajador estuvo contratado en prácticas, pues considera, aunque no hubo solución de continuidad entre el contrato en prácticas y de obra y servicio que le siguió, que el primero no fue una relación laboral como tal, que permita incluirse con antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización.

El trabajador, no conforme con esto, reclama contra la empresa, pues considera que el tiempo que estuvo prestando servicios en ella con un contrato en prácticas, debe tenerse en cuenta en el cómputo de la antigüedad para proceder al cálculo de la indemnización, y en consecuencia que ésta se vea incrementada por la cantidad pendiente según su cálculo.