Los graduados sociales a un paso de la justicia gratuita

La reforma de la Ley 1/2000, Enjuiciamiento Civil, les abre la puerta al turno de oficio

Guí­a de Despachos Profesionales - Agogados y Graduasos Sociales
Era un rumor que ya venía de tiempo atrás, las negociaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales con el Gobierno y el Gobierno, para que este colectivo pudiera acceder al turno de oficio para procedimientos laborales y de Seguridad Social, proceso que se ha desarrollado con calma, con varios retrasos y paralizaciones durante su tramitación.

El pasado lunes, 5 de octubre, se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 42/2015, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre de 2015, en que se incluye lo siguiente:

Disposición final undécima Modificaciones y desarrollos normativos

1. El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos normativos que sean necesarios para la ejecución de la presente Ley.

2. El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», remitirá a las Cortes Generales, para su aprobación, el proyecto de ley que regule la capacitación profesional exigida a los graduados sociales para actuar en los procedimientos laborales y de Seguridad Social de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y que determine, entre otros aspectos, el título exigible, la formación especializada y la evaluación a realizar.

A tal efecto y con el fin de elaborar, en el mismo plazo de un año, un estudio sobre los desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite, en su caso, el acceso de los graduados sociales al sistema de representación técnica gratuita, se constituirá en el plazo de tres meses una comisión mixta formada por el mismo número de representantes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Graduados Sociales, de la que formarán parte los expertos, en igual número, que designe el Ministerio de Justicia.



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