A un trabajador que tiene la profesión de camarero, y la mismo tiempo dirige un establecimiento de hostelería, se le declara en situación de incapacidad permanente total, y como consecuencia de ello causa baja en la Seguridad Social, aunque continua como titular del negocio.

Posteriormente, con otro socio, crea una sociedad con la misma empresa de la que era titular, de la que es nombrado administrador único y se encarga de su dirección y gestión. En estando en esta situación la Inspección de Trabajo le da del alta en RETA con efectos retroactivos y el INSS le reclama la devolución de la prestación que había estado percibiendo durante dos años.

A esta reclamación el trabajador se opone, al considerar que cuando se le declaró en situación de incapacidad permanente total su actividad era la de camarero, aunque fuera titular del negocio, y ahora no tiene funciones de camarero sino únicamente de dirección del negocio, lo que supone una actividad, profesión, diferente.

A un trabajador autónomo se le deniega la incapacidad permanente tras un proceso de incapacidad temporal, y tras reclamar judicialmente se le reconoce una incapacidad permanente total con una prestación del 75% de la base reguladora.

El INSS se opone a que el trabajador pueda percibir el complemento del 20%, al considerar que el trabajador debe acreditar, aparte de la sentencia, que reúne los requisitos para acceder al complemente; mientras que por parte del trabajador se considera que debe ser la Entidad Gestora quien pruebe que es el pensionista quien no reúne los requisitos, para que el complemento pueda ser eliminado.

Dos sociedades limitadas forman una UTE, pasando el administrador de una de ellas a ser gerente de la nueva empresa. Pasado un tiempo se produce la liquidación de la UTE, teniendo el gerente salarios pendientes de cobro por estas funciones. Por lo que reclama su pago en vía judicial, declarándose el juzgado de lo social incompetente, al considerar que se trata de una cuestión mercantil.

Una empresa es condenada a pagar un recargo de cotizaciones del 40%, a consecuencia de un accidente de trabajo que cuesta la vida al trabajador. Esta recurre contra la sanción impuesta pues considera que, al estar realizando el trabajador su actividad con un alto nivel del alcohol en sangre según los análisis que se le realizaron, no se puede sancionar ya que lo ocurrido se debió a una imprudencia o negligencia del trabajador, al realizar su actividad bebido.

Un trabajador separado judicialmente, desde hacía diez años, fallece, y su esposa tiene conocimiento de este hecho nueve meses después de que ocurriera. Momento en que solicita la correspondiente pensión de viudedad. El INSS reconoce la prestación con tres meses de retroactividad, pero la viuda exige que su pago se remonte al día siguiente al del fallecimiento, dadas sus especiales condiciones familiares y la imprescriptibilidad de la pensión de viudedad.

Una hija solicita, tras el fallecimiento de su padre, la prestación a favor de familiares, pues el mayor de 45 años, carece de ingresos propios y se ha dedicado al cuidado del fallecido. Pero el INSS le deniega la prestación al considerar que tiene familiares que pueden hacerse cargo de su manutención, al ser su madre pensionista de viudedad, y en consecuencia no une los requisitos.

Años más tarde, tras fallecer la madre, solicita de nuevo la prestación que le es de nuevo denegada, al considerar el INSS que las variaciones familiares que indica no afectan a la prestación, ya que los requisitos deben reunirse en el momento del hecho del causante, el fallecimiento del padre, y por lo tanto como no se reunieron en aquel momento, y la prestación no fue reconocida entones, con en la nueva solicitud tampoco procede su reconocimiento. Por lo que reclama contra el INSS para el reconocimiento de la prestación.