Trabajador de profesión peón de aserrería, solicita ante el INSS el reconocimiento de invalidez permanente total, al sufrir distintos tipos de problemas de salud: Espondiloartrosis lumbar grado III; Escoliosis lumbar grado I; Lumbalgia mecánicas. Que reconoce el Instituto, pero deniega la prestación. Fecha de nacimiento del trabajador es 19-2-1939. Su base reguladora de contingencias comunes es de 81.614 ptas.

 

Una trabajadora agraria temporal solicita y le es reconocida la Renta Agraria para los trabajadores eventuales residentes en Andalucía y Extremadura incluidos en el Régimen Especial Agrario. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal posteriormente anula esta prestación y le reclama la devolución de los importes percibidos, al considerarlos indebidos, cuando comprueba que el cónyuge de la trabajadora es propietario de una explotación agrícola, de la que obtiene rendimientos superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Un trabajador que desarrolla su actividad a tiempo parcial, es despido por su empresa mediante despido objetivo. Solicita la prestación de desempleo, al haber quedado en situación de desempleo total por la pérdida de su único empleo. Le es reconocida aplicando un coeficiente de parcialidad, que el trabajador considera discriminatorio, pues al tratarse de una relación a tiempo parcial su base reguladora ya es inferior por si misma, y con el coeficiente se les ta aplicando una doble penalización.

El Servicio Público de Empleo Estatal retira la prestación por desempleo a un beneficiario al considerarla incompatible con los ingresos que éste obtenía de dos instalaciones fotovoltaicas de su propiedad, pues las asimila a rendimientos por trabajo por cuenta propia.

El trabajador reclama contra de la decisión del SPEE alegando que no realiza trabajo alguno sobre esas instalaciones ya que tiene externalizado todo lo relativo a ellas, y en consecuencia no de puede considerar sus rendimientos procedente de trabajo por cuenta propia.

El servicio público de empleo, a la hora de realizar el abono de los salarios de tramitación a un trabajador como consecuencia del despido del que fue objete tiempo antes, le ha descontando sus ingresos íntegros por el tiempo coincidente de los salarios de trámite con su actividad en RETA tras el citado despido.

El trabajador, no conforme con ese descuento, reclama al considerar que lo que debe tener en cuenta para realizar el ajuste de los salarios de tramitación es el rendimiento neto de su actividad, el cual justificó con su declaración de la RENTA.

A una trabajadora beneficiaria del subsidio por desempleo, el SPEE le reclama la devolución de parte de lo percibido, al tener conocimiento de que su pareja de hecho tiene ingresos superiores al SMI, y el hijo que tienen en común hijo también percibe ingresos. Al considerar que con ellos la unidad familiar sobrepasa el límite de rentas máximo para que ella pueda ser beneficiaria del subsidio. La trabajadora no conforme, reclama contra la decisión de la Entidad Gestora al considerar que ella no supera el rentas para tener derecho al subsidio.

El Servicio Público de Empleo Estatal da por extinguido el subsidio por desempleo de un trabajador y le reclama la devolución de la prestación, al considerar que ha desarrollado una actividad agraria por cuenta ajena por la que ha obtenido unos ingresos por cuenta, de los que no ha informado en tiempo y forma, y que son incompatibles con ser beneficiario de la prestación reclamada.

El trabajador se opone a esta reclamación, al considerar que se trata de una actividad de autoconsumo en un terreno de su propiedad y que no puede considerarse como actividad por cuenta propia, ni dar lugar a la extinción, ni devolución de la prestación.

Un trabajador es nombrado presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil, en la que presta sus servicios, cargo por el que no percibe retribución, aunque durante el desarrollo del mismo adquiere parte del capital social de la empresa. Tras ser cesado en el cargo pasa a ser gerente comercial apoderado.

Finaliza su relación con esa empresa, por despido, solicita la prestación por desempleo, por todo el periodo de que tiene cotizado desde que comenzó a prestar servicios en la empresa hasta su cese, que le es denegada por el SEPE, al considerar que ni como consejero-presidente de una sociedad, ni tampoco por su condición de apoderado, no tiene derecho a esta prestación al no existir relación laboral y en consecuencia no estar en situación legal de desempleo.

Un trabajador beneficiario del subsidio para mayores de 52 años, percibe unos ingresos extraordinarios, como consecuencia una venta de activos mobiliarios, que son comunicados al SPEE en la presentación anual de la declaración del IRPF.
 
Ante esto el SPEE responde al trabajador reclamándole, por percepción indebida, los pagos del subsidio correspondientes al año en que el beneficiario tuvo el incremento de renta, y a la extinción de la prestación de forma definitiva, al haber actuado con ocultamiento e intención defraudadora, al no haberle comunicado estos hechos de forma inmediata.

El SEPE reclama a una empresa que haga cargo de la devolución del importe de la prestación por desempleo, percibida por uno de los trabajadores que ha tenido contratados de forma temporal, al considerar que la sucesión de contratos convirtió en indefinida la relación laboral y en consecuencia el trabajador no tenía derecho a la prestación de la que se beneficio, al volverlo a contratar al finalizar aquella.

Un trabajador beneficiario de la prestación por desempleo tiene que marchase al extranjero por motivos personales, y esta estancia tiene una duración de 30 días, sin haber comunicado su marchar al Servicio Público de Empleo.

Cuando este Organismo tiene conocimiento de la salida de España del trabajador, y que ésta ha durado más de 15 días procede a extinguir la prestación y a solicitar a devolución de las mensualidades percibidas desde que realizó el viaje.

El trabajador reclama al considerar que no procede la extinción de la prestación, y la suspensión de la misma durante el tiempo que estuvo en el extranjero, ya que durante esa ausencia no tuvo ofertas de trabajo a las que no asistiera, ni tampoco estaba realizando ningún curso de formación al que dejara de asistir, ni estos le fueron ofertados durante el viaje. Por lo que no hay motivo para la penalización acordado por la Entidad Gestora.