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Pérdida de IT por no asistir, con justificación, a una revisión

Un trabajador en situación de incapacidad temporal es citado por la mutua para una revisión médica, a la que no se presentó al tener el mismo día una cita en la clínica en la que estaba recibiendo rehabilitación. Ante está incomparecencia la mutua procede a la extinción de la IT legando aquella como causa de la misma. A lo que el trabajador se opone alegando lo justificado de su ausencia a la revisión por la coincidencia de citaciones.

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Suspensión y extinción del subsidio de desempleo por percibir rentas esporádicas

Un beneficiario del subsidio para mayores de 52 años de edad, vende parte de sus activos patrimoniales y consecuencia de ello genera unos ingresos que superan el límite máximo de renta permitido para poder tener acceso al subsidio, por lo que el SEPE procede a retirarle la prestación y a reclamarle todo lo percibido por la misma desde que se produjo ese incremento de renta hasta el momento en que tiene conocimiento del mismo, por considerarlo un cobro indebido.

El beneficio de la prestación reclama contra el SEPE al considera que se trata de unos ingresos puntuales y esporádicos, con los que su situación no varía sustancialmente, y en consecuencia no procede ni retirarle el subsidio ni tampoco la reclamación de devolución de lo percibido durante el periodo señalado.

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Ultraactividad de los pactos adheridos al convenio colectivo

El Comité de empresa y la dirección de ésta llegan a un pacto para mejorar parte de las condiciones economías señaladas en el convenio colectivo. Este pacto, con una duración concreta, se va renovando a la par que el convenio al cual mejora, aunque tiene su propio procedimiento de denuncia.

Una vez el pacto finaliza su periodo de vigencia anual pactado, sin que se lleve a efecto una nueva renovación, la empresa procede a modificar las condiciones salariales que ve habían acordado en él, lo que es considerado por el Comité de empresa como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que el pacto quedaba en situación de ultraactividad hasta que no fuera renegociado con la empresa.

Por lo que al considerar que existe una condición más beneficiosa, los representantes legales de los trabajadores reclaman a la empresa que restituya las condiciones anteriores, a lo que se opone la empresa alegando que nada de lo señalado por el Comité es correcto.

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Cómputo de la incapacidad permanente para el acceso a la prestación por desempleo

A un trabajador se reconoce una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y tiempo más tarde, tras una revisión, el INSS considera que ha mejorado y se le retira esta condición, por lo que el trabajador vuelve a tener actividad laboral mediante un contrato temporal.

Tras finalizad este contrato, solicita la prestación por desempleo, la considera que reúne todos los requisitos para ello:

  • afiliación y alta o situación asimilada al alta.
  • tener cubierto el período mínimo de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
  • estar en situación legal de desempleo.
  • no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.


Pero se le deniega a la prestación la considerar entidad gestora de la misma, que no cumple con el requisito del periodo mínimo de cotización, pues parte del periodo cotizado indicado por el trabajador ya fue empleado para el cálculo de la prestación de incapacidad, y por lo tanto a efecto de prestaciones se puede considerar consumido.

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Pago de pensión de jubilación por no sustituir a relevista con suspensión de contrato por sanción de empleo y sueldo

Una empresa tiene un contrato de relevo con un trabajador, que complementa la jornada de otro empleado se que encuentra en situación de jubilación parcial. Al primer trabajador se le aplica una sanción de empleo y sueldo, y el INSS considerando que se están incumpliendo los compromisos de esta modalidad de contrato y jubilación, solicita a la empresa que se haga cargo del pago de la pensión de jubilación por el tiempo que ha estado suspendido el contrato del relevista, pues no ha contratado a ningún trabajador interino que lo sustituya mientras se mantiene la suspensión de su contrato.

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Despido objetivo por causas organizativas por disminución del volumen de una contrata

Una empresa, dedicada a la actividad de limpieza y mantenimiento de instalaciones industriales, despide a uno de sus trabajadores alegando causas organizativas para formalizar el despido objetivo el mismo, pues aunque realiza su actividad en varios centros de trabajo mediante las correspondientes contratas, aquella que dar lugar a la actividad en el centro donde prestaba sus servicios el despedido llega a su fin, y al renovarla se hace con un menor encargo de trabajo y con un precio menor.

Mientras que por su parte el trabajador considera que el despido debe ser considerado improcedente, pues pese a ser cierto lo señalado por la empresa, también lo es que ésta tiene actividad en otros centros de trabajo a los puede trasladar al trabajador en lugar de proceder a su despido.
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Validez de la transferencia bancaria como entrega simultanea de la indemnización en caso de despido objetivo

Procedimiento laboral

Un trabajador reclama contra la empresa de la que ha sido despedido por considerar que ésta no ha realizado su despido objetivo de forma válida, pues ha incumplido la obligación de entrega de simultánea de la indemnización y la carta de despido, ya que la empresa la hizo efectiva la cantidad indemnizatoria mediante una transferencia a la cuenta en la que cobraba su nómina.

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Consideración de “propia actividad” en una contrata por concesión administrativa

Un ayuntamiento adjudica a una empresa privada, por concesión administrativa, un servicio de atención a personas mayores en la localidad en un centro de día. Pasado un tiempo los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio reclaman que se les haga efectivo el pago de unos atrasos salariales aprobados en el nuevo convenio colectivo.

Esta solicitud se realiza tanto a la empresa como al ayuntamiento, por considerar los trabajadores que existe una responsabilidad solidaria de ambos, al tratarse de un supuesto de contratas y subcontratas. Pero el ayuntamiento se opone a realizar este pago, pues considera que no se trata de una contrata, sino de una concesión administrativa de una actividad no le es propia, sino que en realidad corresponde a la comunidad autónoma.
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Trabajador autónomo económicamente dependiente en la Jurisdicción Social

Procedimiento Laboral

Un trabajador que desarrolla su actividad como transportista para una única empresa, con la entrada en vigor de Estatuto del Trabajador Autónomo, justifica ante ésta su condición de dependiente, al constatar su volumen de facturación, la carencia de trabajadores a su cargo y la inexistencia de clientes adiciones la empresa ya mencionada.

Con el transcurso del tiempo el TRADE considera que su empresa cliente no está cumplimiento con los compromisos que se pactaron en el contrato por el que se formalizó su relación, por lo que procede a dar por extinguido ésta y a reclamar a la empresa la indemnización pactada, en concepto de daños y perjuicios, en el caso que la empresa cliente incumpliera sus obligaciones hacia el TRADE.

Ante esta reclamación al TRADE le surge un problema, y la jurisdicción ante la que debe reclamar contra la empresa cliente, ya que pueden ser de aplicación tanto las normas civiles, mercantiles como sociales.

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Pago de intereses por retraso en el pago de seguro colectivo de accidente

Como mejora voluntaria de prestaciones de la Seguridad Social, señalada en el convenio colectivo, una empresa debe tener una póliza de seguro que en los casos de incapacidad permanente total o absoluta, abone al trabajador una cantidad compensatoria por esa circunstancia.

La empresa ha tenido periodos en los que ha estado al corriente en el pago de la póliza y también con ésta suspendida por falta de pago, produciendo en uno de estos últimos un accidente cuyo proceso de IT culmina con la declaración del trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta.

Debido a esta incidencia en el pago de la póliza y en consecuencia de la cobertura de la misma, transcurre un largo periodo de tiempo entre la declaración de incapacidad y el momento en que se le hace efectiva al trabajador la cantidad asegurada, por lo que éste reclama los intereses contemplados en la ley por este retraso.