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- Escrito por: Ayuda Laboral
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A un trabajador se reconoce una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y tiempo más tarde, tras una revisión, el INSS considera que ha mejorado y se le retira esta condición, por lo que el trabajador vuelve a tener actividad laboral mediante un contrato temporal.
Tras finalizad este contrato, solicita la prestación por desempleo, la considera que reúne todos los requisitos para ello:
- afiliación y alta o situación asimilada al alta.
- tener cubierto el período mínimo de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
- estar en situación legal de desempleo.
- no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
Pero se le deniega a la prestación la considerar entidad gestora de la misma, que no cumple con el requisito del periodo mínimo de cotización, pues parte del periodo cotizado indicado por el trabajador ya fue empleado para el cálculo de la prestación de incapacidad, y por lo tanto a efecto de prestaciones se puede considerar consumido.
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Una empresa tiene un contrato de relevo con un trabajador, que complementa la jornada de otro empleado se que encuentra en situación de jubilación parcial. Al primer trabajador se le aplica una sanción de empleo y sueldo, y el INSS considerando que se están incumpliendo los compromisos de esta modalidad de contrato y jubilación, solicita a la empresa que se haga cargo del pago de la pensión de jubilación por el tiempo que ha estado suspendido el contrato del relevista, pues no ha contratado a ningún trabajador interino que lo sustituya mientras se mantiene la suspensión de su contrato.
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Mientras que por su parte el trabajador considera que el despido debe ser considerado improcedente, pues pese a ser cierto lo señalado por la empresa, también lo es que ésta tiene actividad en otros centros de trabajo a los puede trasladar al trabajador en lugar de proceder a su despido.
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Procedimiento laboral
Un trabajador reclama contra la empresa de la que ha sido despedido por considerar que ésta no ha realizado su despido objetivo de forma válida, pues ha incumplido la obligación de entrega de simultánea de la indemnización y la carta de despido, ya que la empresa la hizo efectiva la cantidad indemnizatoria mediante una transferencia a la cuenta en la que cobraba su nómina.
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Esta solicitud se realiza tanto a la empresa como al ayuntamiento, por considerar los trabajadores que existe una responsabilidad solidaria de ambos, al tratarse de un supuesto de contratas y subcontratas. Pero el ayuntamiento se opone a realizar este pago, pues considera que no se trata de una contrata, sino de una concesión administrativa de una actividad no le es propia, sino que en realidad corresponde a la comunidad autónoma.
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Procedimiento Laboral
Un trabajador que desarrolla su actividad como transportista para una única empresa, con la entrada en vigor de Estatuto del Trabajador Autónomo, justifica ante ésta su condición de dependiente, al constatar su volumen de facturación, la carencia de trabajadores a su cargo y la inexistencia de clientes adiciones la empresa ya mencionada.
Con el transcurso del tiempo el TRADE considera que su empresa cliente no está cumplimiento con los compromisos que se pactaron en el contrato por el que se formalizó su relación, por lo que procede a dar por extinguido ésta y a reclamar a la empresa la indemnización pactada, en concepto de daños y perjuicios, en el caso que la empresa cliente incumpliera sus obligaciones hacia el TRADE.
Ante esta reclamación al TRADE le surge un problema, y la jurisdicción ante la que debe reclamar contra la empresa cliente, ya que pueden ser de aplicación tanto las normas civiles, mercantiles como sociales.
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Como mejora voluntaria de prestaciones de la Seguridad Social, señalada en el convenio colectivo, una empresa debe tener una póliza de seguro que en los casos de incapacidad permanente total o absoluta, abone al trabajador una cantidad compensatoria por esa circunstancia.
La empresa ha tenido periodos en los que ha estado al corriente en el pago de la póliza y también con ésta suspendida por falta de pago, produciendo en uno de estos últimos un accidente cuyo proceso de IT culmina con la declaración del trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta.
Debido a esta incidencia en el pago de la póliza y en consecuencia de la cobertura de la misma, transcurre un largo periodo de tiempo entre la declaración de incapacidad y el momento en que se le hace efectiva al trabajador la cantidad asegurada, por lo que éste reclama los intereses contemplados en la ley por este retraso.
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Un trabajador sufre acoso laboral en su empresa, al considerar ésta que ha perdido la confianza en el mismo y querer crearle un ambiente hostil para que dimita de su puesto. En último extremo al no conseguir este fin, lo despide por causas económicas, teniendo en cuenta la situación del sector de actividad al que pertenece la empresa y que afecta directamente a la situación particular de ésta.
Mientras que el trabajador reclama contra la empresa en solicitud de extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa, por considerar que el despido objetivo es improcedente al haber sido para encubrir el acoso laboral al que está siendo sometido, por lo que solicita una indemnización complementaria, a la que le pueda corresponder por extinción de contrato, por los daños y perjuicios que le ha ocasionado la situación de acoso laboral. A lo que la empresa se niega, al considerar que la indemnización por despido es la única a la que se debe hacer frente en el marco de la extinción laboral.
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La Seguridad Social reconoce a un trabajador una incapacidad permanente, pero al ser autónomo y no estar al corriente en el pago de sus cotizaciones procede a invitarle al pago de los 12 meses que tiene pendientes para poder hacer efectivo el pago de la pensión de invalidez.
El trabajador reclama contra la Seguridad Social, pues considera que no es de aplicación lo reclamado por ésta, ya que el accidente por el que se le declara incapacitado se produjo cuando estaba trabajando por cuenta ajena, y en consecuencia es por el Régimen General por el que se le debe conceder la pensión, pese a estar dado de alta al mismo tiempo en el RETA.
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Un trabajador que formaliza con su empresa un contrato a tiempo parcial para acceder al prestación de jubilación parcial, ve ésta denegada al considerar la Seguridad Social que el contrato con el relevista que completa su jornada no se ajusta a lo previsto en la normativa vigente, al no tratarse de un trabajador desempleado o con un contrato de duración determinada en la misma empresa, sino que el relevista además del contrato temporal es autónomo, y las situaciones de pluriactividad no se contemplan a la hora de la jubilación parcial, ya lo que se pretende con ésta es facilitar el acceso al empleo estable y de calidad, fin que no se consigue si el trabajador relevista lo es también por cuenta propia.
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En una empresa tras la información y negociación con los representantes legales de los trabajadores, la dirección decide aplicar el calendario laboral y el horario de trabajo presentados al Comité de empresa por la falta de acuerdo con este último durante las negociaciones efectuadas a tal efecto.
Los representantes de los trabajadores recurren esta decisión empresarial pues creen que tanto el calendario como el horario deben ser nulos, al considerar que la empresa no puede imponer de forma unilateral el calendario laboral y el horario de trabajo, ya que es preciso que estos sean consensuados entre la dirección de la empresa y la representación colectiva de los trabajadores.