La puntualidad en el pago del salario

El retraso como incumplimiento grave y culpable de las obligaciones contractuales

La puntualidad en el pago del salarioEl pago del salario tiene que hacerse de forma puntual y documentada, en la fecha y lugar que se hubieran indicado en el convenio colectivo, o bien en la fecha que se hubiera pactado en el contrato de trabajo, o de acuerdo con los usos y costumbres. No pudiendo exceder de un mes el tiempo para el pago de las retribuciones periódicas y regulares, tal como se indica en el artículo 29.1 Real Decreto Legislativo 2/2015, del Estatuto de los Trabajadores.

Retraso en el pago por parte de la empresa

La falta de puntualidad en el pago de la nómina da al trabajador la posibilidad de denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, demandar en reclamación de cantidad los pagos pendientes, o poder rescindir el contrato de trabajo de forma indemnizada como si se tratara de un despido improcedente. Todo ello siempre que el retraso se pueda considerar que tiene una trascendencia tal, que esté incurriendo con ello la empresa en un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones contractuales, como se indica en el artículo 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, del incumplimiento grave y culpable, entre la infinidad de supuestos que se podrían plantear, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que éste no se daría cuando se tratara de unos pocos retrasos esporádicos en una relación laboral de varios años, como se indica en la sentencia del Tribunal Supremo de de junio de 2018 – recurso 108/2017. Mientras que, por ejemplo, si en una relación laboral, también, de varios años, durante los últimos dos o tres años, todos los meses, sin excepción, la empresa ha venido realizando el pago del salario fuera del plazo fijado por el convenio colectivo, entonces sí se estaría dando un supuesto de incumplimiento grave y culpable, con lo que sí sería posible la extinción indemnizada, como se indica en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2017 – recurso 3386/2015.



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