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Sentencias sobre Procedimiento Laboral
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La protección de las trabajadoras embarazadas y a la interpretación flexible de los requisitos procesales
En la demanda no se pueden incluir hechos distintos a los expuestos en la papeleta de conciliación, tal como se indica en el artículo 80.1.c de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, pero ¿hasta que punto se debe interpretar de forma rigorista esta prohibición cuando está en juego un derecho fundamental, como la no discriminación por razón de sexo en el caso de una trabajadora embarazada? El Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de febrero de 2025 - recurso 4982/2023, resuelve esta cuestión, tal como se detalla a continuación.
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La exigencia de motivación fáctica constituye uno de los pilares para al validez de las sentencias judiciales en los procedimientos laborales, tal como de indica en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando impone a los órganos judiciales la obligación de incluir en sus sentencias un relato expreso, claro y separado de los hechos que se consideren probados, así como la fundamentación que explica la valoración realizada de la prueba practicada en la vista. Este requisito, que desde una perspectiva puramente formal podría considerarse como accesorio, en realidad, como se detalla en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2025 – recurso 9/2024, es una condición de legitimidad y eficacia de la decisión judicial.
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El recurso de casación para la unificación de doctrina es una herramienta procesal extraordinaria cuya finalidad es resolver discrepancias interpretativas entre tribunales, garantizando la coherencia del ordenamiento jurídico y la correcta aplicación del derecho. Regulado en el artículo 224 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, este recurso exige una fundamentación técnica precisa y rigurosa, ya que su carácter excepcional implica un examen estricto, como, entre otras, se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2025 - recurso 1658/2024, en la que se indica que una fundamentación deficiente es la principal causa de inadmisión de estos recursos. A continuación desarrollan las cuestiones a tener en cuenta para una fundamentación correcta de un recurso de casación:
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En el ámbito laboral, los procesos judiciales requieren, en muchas ocasiones, la obtención de pruebas que respalden los argumentos de las partes, más allá de lo que pueden aportar documentos o testigos. Dentro de las herramientas a disposición de las empresas, la prueba obtenida a través de detectives privados ha adquirido un protagonismo significativo. Su uso, tanto en procedimientos laborales como en cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, ha planteado interesantes retos jurídicos en relación con su regulación, límites y valoración probatoria.
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El recurso de revisión permite corregir sentencias firmes obtenidas de manera injusta
Las sentencias firmes, cosa juzgada, garantizan la seguridad jurídica y la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, tal como se indica en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, de forma excepcional, es posible revisar estas sentencias mediante el recurso de revisión, regulado en los artículos 510 y siguientes de la LEC y en el artículo 236.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Entre las causas que pueden dar lugar a la revisión, destaca la posibilidad de invocar el falso testimonio, siempre que se cumplan los estrictos requisitos exigidos para que se pueda llegar a esta consideración. A continuación se analiza el tratamiento del falso testimonio como motivo de revisión, tomando como referencia la sentencia del Tribunal Supremo - Sala de lo Social, de 4 de diciembre de 2024 – recurso 5/2024, en el marco de un supuesto de despido disciplinario.
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Los medios tecnológicos no deben reducir los derechos y garantías de las partes
La evolución hacia el uso de medios telemáticos en los procedimientos judiciales está transformando las dinámicas procesales, lo que plantea desafíos importantes en términos de garantías de defensa y contradicción, que de no respetarse adecuadamente pueden dar lugar a situaciones que comprometan la validez del proceso judicial, conduciendo incluso a la declaración de nulidad del mismo.
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